El oficialismo define por estas horas la hoja de ruta para ver cómo avanzar con la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. La intención es firmar dictamen el miércoles en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, y llevar el texto al recinto el jueves 19 de febrero o, en su defecto, la semana siguiente.
En esas negociaciones están involucrados el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, en coordinación con la Casa Rosada. El objetivo es sostener el proyecto tal como fue aprobado en el Senado, aunque ya aparecen señales de que la discusión en Diputados no será lineal.
En la previa al debate, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, anticipó que su bancada intentará revertir uno de los cambios incorporados en la Cámara alta.
“Vamos a pedir que se vuelva a incluir que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa”, sostuvo ante distintos medios, entre ellos TN.
El planteo implica reabrir un punto que el Senado dejó fuera del texto final. La postura del PRO contrasta con la de la senadora Patricia Bullrich, quien dejó en claro que el oficialismo no está dispuesto a aceptar modificaciones en la revisión de Diputados, con el objetivo de evitar que el proyecto deba volver a la Cámara alta.
El PRO no será el único espacio que buscará cambios en el plenario del miércoles 18. Desde el bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, trabajan en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.
El foco está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.
Además, legisladores de provincias productoras —principalmente Córdoba y Santa Fe— preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.
El esquema establece un piso de inversión de:
- US$150.000 para microempresas
- US$600.000 para pequeñas empresas
- US$3,5 millones para medianas
La discusión sobre estos puntos será clave para consolidar apoyos de bloques provinciales, que ya tuvieron un rol determinante en el Senado.
Rechazo de Unión por la Patria
Desde Unión por la Patria (UxP), el rechazo es total. El diputado Sebastián Galmarini cuestionó el contenido del proyecto y su impacto en el empleo.
“Es una muy mala ley. No tiene ningún artículo que ayude a mejorar la situación del empleo ni a recuperar el nivel de actividad que perdió la Argentina desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Es una gran bolsa donde se meten artículos a favor de uno y de otro”, señaló.
También criticó el FAL, al que definió como un “financiamiento de despidos y timba financiera”, y sostuvo que dentro de las reformas laborales “no hay ninguna que ayude al trabajador ni a la Argentina”. Desde ese espacio anticipan que buscarán frenar la iniciativa o, al menos, impedir que avance sin cambios.
El respaldo radical y el poroteo oficialista
En contraste, la Unión Cívica Radical adelantó que acompañará el texto aprobado por el Senado. Los seis senadores que responden a Eduardo Vischi votaron junto al oficialismo, pese a algunas diferencias.
El diputado correntino Diógenes González sostuvo que valoran “el trabajo de los senadores que lograron concertar con el Gobierno una serie de reformas que protegieron a las pymes y atendieron la situación fiscal de las provincias”. En ese sentido, destacó la eliminación del capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias, al considerar que “comprometía la fiscalidad provincial”.
“Sabemos que hay temas por conversar, pero estamos en condiciones de acompañar el proyecto tal como se aprobó en el Senado”, afirmó.
Con ese respaldo, el oficialismo hace cuentas y confía en reunir una mayoría con el apoyo de bloques provinciales. En esa tarea influyeron las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, y el antecedente de la votación en la Cámara alta.
El diputado libertario Nicolás Mayoraz sostiene que el dictamen se firmará el 18 de febrero y que se cumplirán los diez días reglamentarios previos al cierre del período parlamentario. Para garantizar el tratamiento, el Poder Ejecutivo extenderá por un día más las sesiones extraordinarias, que concluirán el 28 de febrero.
Con ese margen, el Gobierno apuesta a cerrar uno de los debates centrales del verano político y avanzar en una de las reformas estructurales que forman parte de su programa económico.
