Aunque aún no hay una fecha exacta confirmada, fuentes oficiales apuntan a que en febrero o en marzo se logre concretar la publicación del documento en el Boletín Oficial, para que el Estado se desprenda de su capital accionario y lo deje en manos privadas.
Pero, para que eso ocurra, el oficialismo debe lanzar el pliego, que es el proceso formal para que privados puedan competir por las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos.
Cabe destacar que el Gobierno comenzó este proceso desde el momento en que Aysa figuró en la Ley Bases como una de las empresas a privatizar.
En ese sentido, el movimiento previo a presentar el pliego que realizó el oficialismo se concretó a mitad del año pasado, cuando se publicó un decreto para habilitar la venta de la totalidad de las acciones que el Estado tiene de Aysa, que actualmente es el 90% del capital social. El 10% restante le pertenece a los empleados de la empresa.
En este contexto, la venta tiene que lograr que un privado compre, al menos, el 51% de las acciones, para ser el agente mayoritario. El 90% es lo máximo de acciones que se puede vender y todo lo que quede por fuera del pliego se pondrá a disposición del mercado bursátil.
Asimismo, para lograr la privatización, el Gobierno también aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026. La intención de este sistema fue dejar la empresa en óptimas condiciones para los futuros dueños, además de buscar mejores ofertas.
Las compañías que estarían interesadas en quedarse con las acciones de Aysa
Según pudo saber este medio, las compañías que podrán participar del proceso de privatización de Aysa deberán tener conocimientos en el área de servicios públicos.
Por ahora, los nombres que suenan como posibles compradores son el grupo Roggio y dos empresas brasileñas: Sabesp y Río+Saneamento.
A pesar de ello, todavía se mantiene bajo hermetismo el interés total de estas empresas y el de otras que ven con buenos ojos la empresa Aysa.
Por último, cuando se concrete la privatización, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de Planificación serán los entes encargados de controlar la buena conducta de la empresa en manos de privados. El primer organismo será el verificador de las tarifas, el desempeño del servicio y la atención de reclamos; mientras que la segunda pondrá el foco en las inversiones y la planificación estratégica.
Aysa no es la única empresa que el Gobierno quiere privatizar. También busca lograr el mismo proceso en compañías como Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
