La investigación judicial por la compra de una mansión en Pilar, que sería parte de un presunto esquema de lavado de dinero atribuido a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, sumó en las últimas horas un testimonio clave.
El broker encargado de gestionar los seguros de los 59 autos de alta gama hallados en la propiedad declaró que los pagos se realizaban en efectivo, por ventanilla y sin identificación del aportante.
Según la información incorporada al expediente, el intermediario aseguró ante el juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky que Real Central SRL pagaba cada mes “cash” los seguros de los vehículos. El beneficiario era la firma Sancor, Córdoba. La declaración se produjo el viernes pasado y esta semana deberá ampliar su testimonio con la presentación de documentación respaldatoria.
El foco de los investigadores está puesto en determinar quiénes aportaban efectivamente el dinero para sostener esos seguros y bajo qué circuito financiero se movían los fondos. La modalidad descripta por el broker refuerza las sospechas sobre el origen de los recursos y la posible utilización de estructuras societarias como pantalla.
Al haber abonado los seguros en efectivo es complejo determinar quién es el dueño de la plata.
En paralelo, el juzgado dispuso una nueva medida de prueba vinculada a la empresa Flyzar, responsable del helicóptero que aparece mencionado en la causa. A la firma se le otorgarán 48 horas para que responda quién pagaba los supuestos vuelos de entrenamiento que tenían como destino la mansión de Pilar.
Este requerimiento se conecta con las declaraciones que brindaron recientemente los pilotos de la aeronave. Ambos aseguraron que los viajes cuestionados fueron meros “vuelos de entrenamiento” y que no trasladaron pasajeros. Incluso, cuando se les consultó si podrían reconocer a dirigentes de la AFA como eventuales ocupantes del helicóptero, respondieron: “Si los veo por la calle, no reconozco a los pasajeros que transporté”.
Las pruebas que complican a Toviggino
La causa investiga la adquisición de una vivienda de alto valor en el country Ayres Plaza, en Pilar, y la compra de una flota de vehículos de lujo atribuida al entorno de Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. La operación inmobiliaria fue realizada por Real Central SRL, sociedad a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, cuyos ingresos declarados no resultarían compatibles con movimientos millonarios.
En los últimos días también declaró una gerenta del Banco Coinag, entidad que aparece mencionada en certificaciones contables presentadas para justificar la compra de algunos de los autos. La ejecutiva negó que Pantano y Conte hayan tenido cuentas personales en ese banco y aseguró que la firma Real Central solo mantuvo allí una cuenta corriente sin movimientos relevantes.
De acuerdo con su testimonio, esa cuenta estuvo activa entre 2022 y 2025 y únicamente recibió 300 mil pesos destinados al mantenimiento. Sin embargo, el banco reconoció que la empresa Malte SRL, segunda dueña formal de la mansión, recibió una transferencia de 1,8 millones de dólares proveniente de Real Central a través del Banco Credicoop, operación que también está bajo análisis. El banco, de cualquier manera, no está investigado.
La investigación cobró impulso a partir de un allanamiento en la propiedad, donde se encontraron elementos que los fiscales consideran comprometedores: un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central dedicada a Toviggino y cédulas azules de varios vehículos a nombre de familiares del dirigente.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que los Telepases de los autos de lujo se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano. Esa tarjeta registró consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos entre enero y diciembre de 2015, según consta en el expediente.
Los documentos analizados por la Justicia muestran además cambios en la titularidad formal de la mansión entre distintos integrantes de la familia Pantano. Inicialmente figuró como propietario Luciano Nicolás Pantano y luego pasó a nombre de su hermano Diego Fabián Pantano, movimientos que son interpretados como posibles maniobras para disimular al verdadero dueño del inmueble.
La causa también puso bajo la lupa una certificación contable utilizada para justificar la compra de un Porsche valuado en 494 millones de pesos. Ese documento aseguraba que los fondos estaban depositados en el Banco Coinag, algo que la propia entidad negó ante la Justicia. Por ese motivo, el juez citó a declarar al contador que elaboró y avaló el escrito.
