El Gobierno comenzará nuevamente en marzo con las negociaciones para definir las dos vacantes que existen actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Las tratativas se darán un año después del rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que impulsó la Casa Rosada.
La decisión de no trabajar hasta marzo de este año las vacantes en el máximo tribunal la ordenó Javier Milei. El objetivo de esta decisión fue remarcar que la principal prioridad del oficialismo era aprobar el Presupuesto 2026 -que logró la sanción en diciembre- y los demás proyectos de extraordinarias.
Con eso casi saldado, ya que en febrero se convocará a un nuevo período extraordinario, el oficialismo comenzará devuelta -y poco a poco- con las negociaciones con la oposición. De esta manera, buscará que los bloques más contrarios al Ejecutivo, como Unión por la Patria, apoyen los pliegos que proponga Javier Milei.
Con respecto a los nombres que podrían ocupar las dos vacantes en la Corte, aún no hay nada definido. “Tenemos algunos candidatos, veremos cuál elige el Presidente”, indicó a este medio una alta fuente al tanto del asunto.
Hasta el año pasado, y luego de que Nación no haya logrado convalidar a Lijo y Mansilla, en Nación miraban con atención los nombres de los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas. Este último era el reemplazante que la Casa Rosada quería en su momento para la Procuración General del Tesoro.
Por otro lado, según pudo saber TN, el oficialismo ya tendría casi definidos los 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos que faltan nombrar. Estas designaciones ayudarían a cubrir más del 30% de las vacantes actuales que existen en el sistema judicial.
Para ello, en Casa Rosada no descartan negociar con los gobernadores dialoguistas los puestos que aún no fueron cubiertos en los juzgados federales. La negociación se daría luego de sesiones extraordinarias y tras el vínculo que forjaron las provincias con Nación para lograr la aprobación de ciertas leyes.
No obstante, una fuente del oficialismo aseguró que aunque pueden hablar con los jefes provinciales para que den su aval en el Senado a favor de los pliegos, no tomarán decisiones a la ligera: “No estamos dispuestos a designar malos jueces”.
El proceso para definir las vacancias en los juzgados y fiscalías consiste en un sistema que tiene distintos pasos. En primer lugar, las personas que podrán tener posibilidades de ingresar a distintos juzgados o fiscalías deben concursar. Luego, en el Consejo de la Magistratura se hacen las ternas y, tras ser aprobadas por el Plenario del Consejo, son enviadas al Ministerio de Justicia.
El organismo que depende del Ejecutivo es el encargado de elegir los nombres que llegarán finalmente al Senado para que sean -o no- aprobados.
Por último, el Gobierno no tendría planeado avanzar con el reemplazo del Procurador General de la Nación, que actualmente ocupa interinamente Eduardo Casal. “No creemos que sea en marzo. El Presidente decidirá cuándo”.
