Renunció una funcionaria del ministerio de Economía, Sofía Calvete, hija de uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el empresario, Miguel Ángel Calvete.
La mujer se desempañaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda y representaba al Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego.
Como anticipó TN, el dictamen de la causa muestra una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos para medicamentos y prótesis. Las grabaciones de video capturan el momento en que (el entonces jefe de la ANDIS), Spagnuolo, entra y sale de la casa de Calvete, un intermediario vinculado a proveedores farmacéuticos.
Las claves de las acusaciones a Miguel Ángel Calvete en la causa de las presuntas coimas en la ANDIS
Los llamativos movimientos en la casa de Calvete se produjeron poco después de un intercambio de mensajes de audio entre ambos, en el que Calvete dijo: “Coroa, escuchame, bueno, hablas con (Julio) Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado”. El término “Coroa” sería un apodo para Spagnuolo, de acuerdo al expediente.
Además se registraron al menos cinco visitas de Calvete a la residencia de Spagnuolo en un country bonaerense, entre junio de 2024 y mayo de 2025. En uno de los chats el empresario mencionó a su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, a la que le pidió fondos para “subir” el dinero al exfuncionario, en alusión a un “boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. El “pelado” sería el presidente Javier Milei, que hizo un viaje oficial a ese país en ese período.
De acuerdo al dictamen Muñoz cumplía el rol de “mover” el dinero en efectivo, realizar transferencias bancarias, ingresar dinero en la caja de seguridad de Calvete, pagar con cheques o recibir cheques, entre otras actividades vinculadas a la administración de las empresas en cuestión y del dinero obtenido por la pareja. Para el fiscal, Franco Picardi, estos pagos eran una condición para asegurar contratos estatales en la ANDIS, un organismo clave en la distribución de insumos para personas con discapacidad.
Según la fiscalía la ANDIS “fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia».
Según las acusaciones el organismo funcionó como “una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
