Con la sanción de la ley provincial número 1.355, en 2021 Argentina se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la cría de salmones en el mar. En parte, para evitar los daños que esa actividad ya causó en la Patagonia chilena.
Sin embargo, los legisladores Agustín Coto y Natalia Gracianía, de La Libertad Avanza (ultraderecha) -consultados sin éxito para este informe-, proponen criar salmones en sistemas cerrados de recirculación (RAS) y dejar sin efecto la norma proteccionista vigente, salvo para el canal de Beagle, frontera con Chile.
Las jaulas en el mar siguen siendo el método dominante en el mundo, aunque los sistemas en tierra y los enfoques híbridos están ganando terreno como alternativas viables para una producción más controlada y con menor impacto ambiental.
En sintonía, la nueva ley permitiría instalar establecimientos acuícolas en ríos, costas y aguas abiertas de la provincia, con control estatal y bajo supuestos estándares ambientales, que le darían un estatus de «acuicultura sustentable».
UN TROYANO
«Lo que quieren hacer es autorizar la instalación de cultivos con el argumento de que no se va a hacer en el canal Beagle, pero sí se puede hacer en el Atlántico y en lagos, ríos y lagunas de Tierra del Fuego», resume a la Agencia Sputnik el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Wildlife Conservation Society (WCS), Adrian Schiavini.
El investigador, que también es profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, añade que la propuesta de los legisladores tiene que ver con un fenómeno de «capitalización», que ha sido bastante frecuente: las empresas invierten en los implementos básicos para realizar los cultivos y presionan para habilitar la actividad en ríos y lagunas.
«Yo invierto capital, compro maquinarias, instalaciones y demás, y después me quejo de que no puedo trabajar y de que ya invertí mucho. Reclamo que me dejen hacer algo. Y eso se traduciría en la habilitación para cultivar, no en el mar, sino en lagos y lagunas», ilustra el profesor.
Schiavini afirma que se trata de un «troyano», en referencia a una estrategia que se presenta oficialmente de una forma y en realidad esconde una segunda intención: en este caso «ir por otros cuerpos de agua».
Podría estar en lo cierto, ya que para alcanzar los 50 metros de profundidad necesarios para instalar las jaulas, es necesario hacerlo a 50 kilómetros de la costa, y así y todo, también se trataría de una empresa difícil y costosa, que incrementaría el valor del producto para hacerlo menos competitivo.
«Obviamente puedes cultivar salmones 50 kilómetros costa afuera, pero tienes que darle apoyo logístico. Y el mar fueguino no es un mar cerrado, como puede ser el canal de Beagle o los fiordos y caletas de Tierra del Fuego y Chile. Lo que pasaría si alguien pone jaulas en la costa atlántica es que en un par de semanas terminarían en la costa porque se desprenden del fondo, los temporales las arrancan y terminan destruidas», analiza el investigador.
AVANZANDO
Luego de una polémico trámite interno, el proyecto consiguió el dictamen favorable de la comisión que trata asuntos de obra pública, agricultura y ganadería, industria, comercio, recursos naturales y turismo; aval que habilitó su pasaje a la discusión en el pleno de la legislatura provincial.
La legisladora del Partido Verde María Laura Colazo, que es una firme opositora a la iniciativa, renunció a la presidencia de dicha comisión, por considerar que el trámite fue irregular.
«Considero que este accionar, además de vulnerar principios básicos de transparencia y funcionamiento institucional, representa un grave retroceso en la política ambiental de nuestra provincia y pone en riesgo la protección de nuestros ecosistemas», escribió en su carta de dimisión.
Por su parte, la primera abogada del pueblo indígena Selk´nam de Tierra del Fuego, Antonela Guevara, cuenta que no se realizó la consulta previa, libre e informada a las comunidades, tal como indica la ley, y sostuvo que todavía no se conocen las zonas que se proponen como áreas de cultivo.
«Exigimos al cuerpo legislativo que de transparencia, que garantice el acceso a la información ambiental, que fomente la participación ciudadana y que obviamente proteja nuestros derechos humanos vinculados al ambiente», exhortó.
OTRAS CRISIS
La provincia de Tierra del Fuego atraviesa una crisis laboral y productiva desde que el presidente argentino, Javier Milei, eliminó los aranceles a la importación de productos electrónicos como los que se producen y se ensamblan en la región más austral del país.
En consecuencia, muchos pobladores se muestran expectantes ante todo lo que pueda parecerse a una oferta de empleo.
«Acá el 31 de diciembre quedan sin aranceles los productos de Tierra del Fuego, por lo tanto quedamos muy mal en términos de competencia con los productos importados que vienen de afuera. Esa discusión preocupa mucho más a la gente que las salmoneras. Por eso, cualquiera que viene y promete trabajo es escuchado», lamenta Schiavini.
La mirada desde la economía también acerca otras crítica al proyecto.
Schiavini apunta, por ejemplo, que el salmón no forma parte de la dieta tradicional de los argentinos -salvo para el sushi- y sería casi en su totalidad para exportación. También menciona que se trata de un pez carnívoro.
«Se dice que la acuicultura va a salvar del hambre al mundo. Sí, eso puede ser, pero no criando carnívoros, porque estos bichos son carnívoros. Lo que haces para criar proteína animal es criar herbívoros, no carnívoros. ¿En qué lugar del mundo tienes granjas de leones para consumo humano?», ilustró.
LA EXPERIENCIA CHILENA
Entre los impactos que esta industria puede causar se destaca la alta concentración de peces que en un espacio reducido produce grandes cantidades de desechos orgánicos y químicos, heces, alimentos no consumidos, antibióticos, y pesticidas que contaminan el lecho marino y el agua circundante. También se cuentan los escapes de peces, que pueden transmitir enfermedades y parásitos a las poblaciones silvestres.
La salmonicultura goza de un gran poder de lobby en Chile, por ser uno de los productos exportables más importantes de la balanza comercial, al punto de que, semanas atrás, la pequeña ciudad de Frutillar, ubicada en la provincia de Llanquihue (región de Los Lagos, sur), fue sede del evento Salmón Summit 2025 y el debate ha llegado incluso a la campaña presidencial.
Es que, según un informe de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), las explotaciones de este tipo en Magallanes -la región del extremo sur chileno dónde se encuentra la mayor cantidad de áreas naturales protegidas- reportaron alta generación de condiciones anaeróbicas, lo que afecta gravemente la vida marina.
Allí es donde se trasladó la industria luego de que las enfermedades virales, bacterianas y parasitarias de los peces la desplazaran desde Los Lagos y Aysén (sur). Tras su paso, sin embargo, provocaron una situación de colapso sanitario y ambiental con altos costos, que ahora muchos argentinos buscan evitar.
