El Gobierno argentino solicitó a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que revierta el fallo por el que -en la víspera- ordenó al país entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal YPF a fondos buitre.
«En representación de la República Argentina, solicito respetuosamente una reunión previa a la moción de la República (…) para suspender la orden judicial del 30 de junio de 2025 que exige a la República la entrega de sus acciones de YPF S.A. a los demandantes», refiere el escrito presentado por el abogado Robert Joseph Giuffra Jr., cotitular del estudio Sullivan & Cromwell.
En el escrito que presentó a la jueza estadounidense, el letrado contratado por el Gobierno argentino aseguró que era probable que el país ganase la apelación de esta medida, pues el solicitante «solo necesita presentar un caso sustancial sobre el fondo cuando se trate de una cuestión jurídica seria y se demuestre que el balance de los hechos es contundente a favor de conceder la suspensión».
El equipo jurídico que representa a la Argentina advirtió también el riesgo de que el país sufra «un daño irreparable» por la pretensión de que el Estado ceda su participación mayoritaria en la empresa, expropiada en 2012, ya que la legislación local «requiere a la República que la mantenga como asunto de interés nacional».
La defensa de Argentina también expuso que los fondos buitres demandantes no se verían perjudicados por una suspensión del fallo, pues la Corte de Apelaciones se debe pronunciar sobre otro fallo de la jueza Preska que ordenó en octubre de 2023 el pago de 16.100 millones de dólares a los fondos buitre para compensarlos por la expropiación de YPF, una sentencia que todavía no está firme.
«El interés público claramente justifica una suspensión, dadas las circunstancias extraordinarias de este caso sin precedentes», sostuvo también el abogado interviniente en el escrito presentado a la jueza.
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el lunes que el Estado apelaría el fallo ante la Corte de Apelaciones.
Los fondos de inversión que encabezan la demanda contra Argentina, Burford y Eton Park, junto con otra firma, Bainbridge, habían pedido a la Corte de Distrito que obligase al país sudamericano a trasladar las acciones de YPF al Estado de Nueva York, a fin de lograr su venta forzada y recibir los fondos conseguidos para cumplir con las sentencias.
Pero el Departamento de Justicia estadounidense alegó, en noviembre de 2024, que la propiedad de un país soberano ubicada fuera de Estados Unidos goza de inmunidad absoluta.
CONTEXTO
El Ejecutivo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015, comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina (Eskenazi) que controlaba el 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, según el estatuto de la empresa.
Medios locales refieren que Burford pagó 17 millones de dólares por los derechos de litigo de la familia Eskenazi y al mes siguiente dio curso a la demanda. (Sputnik)
