La flexibilización de la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas para civiles en Argentina, decretada por el Gobierno de Javier Milei, atenta contra las libertades y los derechos individuales y colectivos, según dijeron a la Agencia Sputnik integrantes de la organización Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
«Venimos advirtiendo con preocupación sobre la avanzada de la violencia en desmedro de las libertades y los derechos individuales y colectivos que lleva el Gobierno de Javier Milei contra el pueblo argentino. En este caso, a partir de la decisión de flexibilizar la tenencia de armas», destacó la organización de DDHH.
A partir de un decreto publicado el miércoles en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, podrá autorizar que civiles puedan comprar y tramitar la tenencia de armas semiautomáticas bajo un régimen de «control especial».
Con esta medida, la actual gestión dejó sin efecto una prohibición vigente desde hace treinta años que circunscribía el uso de este tipo de armamento a las instituciones armadas.
El Ejecutivo planteó, como argumento, que actualmente existen armas de estas características en situación irregular; por ejemplo, las que están registradas a nombre de usuarios fallecidos, algo que habría «facilitado las condiciones de irregularidad en las que se encuentran sus sucesores».
El Gobierno también mencionó, como fundamento de la regulación, el uso de este tipo de armas con fines deportivos y en otras actividades legales.
También se aclaró que la Anmac realizará un análisis previo de las circunstancias particulares de cada usuario solicitante.
«Entendemos que si en este contexto de creciente violencia se flexibiliza la posibilidad de civiles de armarse, esa situación va a escalar a lugares cada vez más peligrosos para la vida de todos los ciudadanos en general, y de las personas que habitan los territorios más vulnerables en particular, porque allí, a la vez, avanza el narcotráfico», criticó la Correpi en diálogo con esta Agencia.
REGRESIÓN DE DERECHOS
Esta semana, el Gobierno también modificó la estructura de la Policía Federal, con el objetivo de que esta institución se aboque a la investigación de delitos complejos como el crimen organizado.
El cambio otorga facultades amplias a los agentes del cuerpo para hacer requisas personales o en vehículos sin orden judicial, así como detenciones, allanamientos, ciberpatrullaje y espionaje.
De acuerdo con la Correpi, el cambio de reglamento habilita a la Policía Federal a realizar tareas de espionaje, tanto territorial como digital, «por fuera de la Ley de Inteligencia que regula estas prácticas», como también a llevar adelante requisas, allanamientos y detenciones de civiles en lugares públicos sin una orden judicial previa; «algo hasta ahora prohibido en el país».
«Todo esto, en un marco de creciente violencia política ejercida por parte del Gobierno nacional. Tanto en el discurso, discriminatorio y misógino, como en la práctica, a partir de la represión policial que lleva adelante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las sucesivas marchas que rechazan las medidas antipopulares del Ejecutivo. Y también en los territorios y las cárceles, donde crecen los asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad», resaltó la organización.
La Anmac simplificó desde mayo el otorgamiento de la credencial que habilita la tenencia de armas a través de la denominada «tenencia exprés», un trámite que pasó a ser exclusivamente digital.
A su vez, en diciembre de 2024, el Gobierno redujo de 21 a 18 años la edad mínima requerida para tramitar el permiso de legítimo usuario de armas que habilita su tenencia.
Hasta marzo de 2025, había 919. 347 personas con permiso para acceder a un arma de fuego en Argentina.
La libre portación de armamento fue una de las promesas de campaña del presidente Milei, que asumió en diciembre de 2023. (Sputnik)
