La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) acusó a la justicia del país de bloquear la voluntad popular luego de que confirmó su proscripción tras el fallo de la Corte Suprema que avaló una condena en doble instancia en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en obra pública.
«Esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular, una novedad realmente», afirmó el martes Fernández durante una comparecencia en la sede del Partido Justicialista (PJ, peronista) en la capital argentina.
Rodeada de seguidores, la también ex vicepresidenta (2019-2023) acusó a los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, de ser «un triunvirato de impresentables (…), tres monigotes que responden a mandos naturales muy arriba de ellos».
«Estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica», aseguró la exjefa de Estado tras conocer el aval del máximo tribunal del país a la sentencia que la condenó hace dos años y medio por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, fallo confirmado el 17 de noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
Fernández, que permaneció durante toda la jornada en la sede del Partido Justicialista (peronista) en el barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires, junto con los senadores de la principal alianza opositora, Unión por la Patria (peronista) y otros dirigentes políticos, instó a militar y organizarse «junto con todos esos colectivos sociales que hoy están siendo agredidas por estas políticas».
Titular del Partido Justicialista, Fernández hizo un llamamiento para que la dirigencia política deje de lado sus intereses partidarios «y ayude a los que necesitan ser ayudados y organizados», acompañada por su hijo, Máximo Kirchner, y por la senadora Alicia Kirchner, hermana de su marido fallecido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007),
A minutos de que se conociera el histórico fallo de la Corte Suprema, la exjefa de Estado atribuyó al poder económico la condena que la sentenció a seis años de cárcel y que la impedirá presentarse a cualquier cargo lectivo de por vida.
«Saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome, porque esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados y que algún día habrá que devolver, anuncian la crónica de una muerte final», señaló.
Con centenares de manifestantes en las inmediaciones del Partido Justicialista, la expresidenta advirtió que la situación no tendrá final feliz y que el poder económico «lo sabe», una vez «este monigote que tenemos de presidente no les sirva más, se caiga, y cuando esto se desplome, porque cuánto puede durar el endeudamiento serial despiadado y la destrucción de las capacidades argentinas».
Fernández aseguró también que la sentencia ya estaba escrita y advirtió que el pueblo es como un río y que siempre encontrará su cauce.
Multitud de manifestantes, entre tanto, cortaron varios de los accesos a la ciudad de Buenos Aires y algunos procedieron a la quema de neumáticos.
Seguidores de la expresidenta, la dirigente más importante de la oposición, también se dirigieron a la actual vivienda de la exmandataria, en el barrio de Constitución de la capital argentina, como a la sede del Partido Justicialista en el barrio de Balvanera, donde la expresidenta aguardaba el fallo.
CONTEXTO
La resolución de la Corte Suprema, que debería estar compuesta por cinco integrantes pero tiene dos vacantes, habilita la detención de la también presidenta del Partido Justicialista (peronista), que podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que tiene más de 70 años.
El máximo tribunal del país ratificó por unanimidad la sentencia contra Fernández emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) nº 2 en diciembre de 2022, cuando fue considerada responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Esa sentencia en primera instancia, que acusó a la exmandataria de direccionar al empresario local Lázaro Báez, también condenado, 51 proyectos viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos y durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, fue confirmada el 17 de noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
«Soy una fusilada que vive», aseguraba la exjefa de Estado en la víspera, durante un acto en la sede de la fuerza que preside.
Uno de los abogados de la exmandataria, Gregorio Dalbón, aguardaba el fallo de la Corte Suprema en La Haya, donde se sitúa la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), para objetar la resolución del máximo tribunal del país.
La defensa de la expresidenta anunció que recurrirá también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otras instancias multilaterales.
Con el fallo de la Corte Suprema, la expresidenta no podrá presentarse a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, en representación de la tercera sección electoral, que abarca el sur y parte del oeste del conurbano bonaerense, la zona más poblada dentro la mayor jurisdicción del país.
En la Cámara de Diputados, fracasaron en los últimos meses dos iniciativas conocidas como «ficha limpia», que proponían vedar las candidaturas a cargos electivos de personas con condenas confirmadas en segunda instancia.
Es la primera vez en la historia argentina que el máximo tribunal del país falla contra un expresidente en una causa de corrupción. (Sputnik)
