Diferentes organizaciones sociales se manifestaron esta tarde en la plaza de la Escuela N° 83 de Comodoro Rivadavia, con una caminata por calle San Martín y la lectura de un documento consensuado, a diez años del femicidio de Chiara Páez. La convocatoria formó parte de la jornada nacional “Ni Una Menos”, y tuvo como eje denunciar el vaciamiento de las políticas públicas de género y el creciente abandono estatal.
El asesinato de Chiara Páez en 2015 marcó un punto de inflexión. Su femicidio desató un grito colectivo que atravesó fronteras: ¡Ni una menos! Desde entonces, se lograron avances en visibilización, legislación y reconocimiento de derechos. Sin embargo, una década después, muchos de esos logros están en riesgo.
En mayo de este año, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei eliminó 13 programas vinculados a la prevención de violencias por motivos de género. Programas que no solo garantizaban el acompañamiento en situaciones críticas, sino que también promovían la igualdad desde una perspectiva territorial y comunitaria. El Programa Menstruar, Sembrar Igualdad, Producir, Generar y el Registro Nacional de Promotoras de Género, entre otros, fueron desmantelados por considerarse “ideológicos”.
El ajuste también afectó el acceso a derechos básicos. La aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se ve comprometida en muchos puntos del país por falta de insumos y medicamentos, lo que convierte el derecho legal en una promesa vacía. Además, la eliminación de la moratoria previsional dejó sin cobertura a miles de mujeres mayores que dedicaron sus vidas al trabajo doméstico y de cuidado.
En Chubut, la situación no es distinta. El gobierno provincial de Ignacio Torres no ha delineado ninguna política pública específica en materia de género. En Comodoro Rivadavia, la Secretaría de Género y Diversidad estuvo acéfala durante meses y continúa operando con serias restricciones presupuestarias. La falta de refugios, equipos interdisciplinarios, seguimientos y atención real pone a las víctimas en una situación de absoluta vulnerabilidad.
Durante la lectura del documento, las organizaciones también denunciaron la crítica situación del sistema de salud. Profesionales del Hospital Garrahan alertaron sobre salarios insuficientes, falta de recursos y precarización. Asimismo, advirtieron sobre el impacto del modelo extractivista en los territorios, que avanza sin considerar sus efectos sobre los cuerpos y comunidades, especialmente de mujeres y diversidades.
“Hoy volvemos a decir con fuerza: vivas nos queremos. Pero no alcanza con eso. Exigimos políticas concretas, presupuesto, justicia y derechos garantizados. No hay bache entre discurso y acción: hay crueldad sistemática y abandono”, fue una de las frases más resonantes de la jornada.
