Un grave conflicto por usurpación de vivienda se desató en la zona baja del barrio Pietrobelli, en el sector conocido como el “Rincón del Diablo”, en Comodoro Rivadavia. La disputa, que involucra a dos familias y ya tenía antecedentes de violencia, mantiene en vilo a los vecinos y requiere de una urgente resolución judicial.
La usurpación y el desalojo forzado
El hecho ocurrió en Urquiza 1.080, cerca de la intersección con calle Huergo. Hasta la tarde del miércoles, la vivienda era habitada por Olga Mansilla (45), docente oriunda de Chaco, junto a sus hijos de 19 y 20 años y su pareja. Durante unas horas de ausencia de la familia –quienes habían salido a una clínica oftalmológica–, el inmueble fue usurpado por cuatro hombres, tres mayores de edad y un menor.
Los presuntos usurpadores, identificados como los hermanos Córdoba, residían a 25 metros de la casa en un terreno fiscal con mejoras. Según la abogada de la damnificada, Elizabeth Yapura, los Córdoba tenían una restricción judicial por denuncias de violencia de género, lo que les impedía acercarse al domicilio de Mansilla. Sin embargo, aprovechando la ausencia de los moradores –y el monitoreo de cámaras que ellos mismos habían instalado–, irrumpieron en la vivienda.
Cuando Olga Mansilla regresó a su hogar, se encontró con sus pertenencias en la vereda, la puerta violentada y los Córdoba instalados dentro de la casa. De inmediato, se presentó en la Seccional Primera de Policía para radicar la denuncia.
La intervención policial fue rápida, pero el conflicto tomó un giro inesperado cuando los usurpadores presentaron un supuesto documento de compra-venta de la vivienda y estuvieron respaldados por la abogada Milagro Cáceres. Desde el lado de la denunciante, aseguraron que la abogada violó la resolución judicial que prohibía el acercamiento de los Córdoba al domicilio de Mansilla, dado que ya habían protagonizado intentos previos de usurpación.
El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con intervención de la fiscal Cecilia Codina. Mientras tanto, la situación sigue trabada: los usurpadores permanecen dentro de la vivienda bajo custodia policial, mientras que los desalojados esperan en la vereda una resolución judicial.
La tensión crece: cortes de suministros y clima de conflicto
Para presionar a los usurpadores, se les cortó el suministro de gas y posiblemente otros servicios. Sin embargo, la falta de una orden judicial inmediata para el desalojo aumenta el riesgo de que la situación escale en violencia. En la zona ya se han registrado otros intentos de usurpación en un radio de cuatro cuadras, lo que genera preocupación entre los vecinos.
El desenlace del conflicto aún es incierto. Si la resolución judicial se demora varios días, el enfrentamiento entre ambas partes podría intensificarse.
Datos:Diario Crónica
