«El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento de 5,8 por ciento adicional al uno por ciento establecido para el personal docente y no docente de las universidades nacionales para el mes de octubre», señaló en un comunicado la cartera en la noche del lunes.
El incremento salarial, rechazado por los sindicatos en una reunión mantenida horas antes, representa «el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado nacional, en consonancia con el compromiso de priorizar el salario y no las disputas políticas», puntualizó la actual gestión presidida por Javier Milei.
El Ministerio de Capital Humano señaló que el nuevo piso salarial equivale a partir de ahora al sueldo que reciben empleados administrativos y profesionales en la administración pública.
La cartera que dirige la ministra Sandra Petovello añadió que activaría la «garantía social docente para las categorías más bajas dentro de la escala salarial docente».
Tras la reunión con las autoridades del ministerio, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reúne a seis sindicatos de docentes y no docentes, aclararon que la pérdida salarial que acumulan es del 63,5 por ciento al mes de septiembre, con la presunción de que la inflación será del 3,5 por ciento para ese mes.
«Vivimos un nuevo fiasco porque los funcionarios se limitaron a reiterar la propuesta que habían realizado la semana pasada antes de la marcha, que consiste en un 5,8 de aumento solo para el mes de octubre, y no hay propuesta escrita de reconocimiento de lo adeudado y mucho menos sobre cómo se recuperará todo lo perdido», argumentó el Frente.
Los sindicatos reclamaron al Congreso que apoyen la sancionada Ley de Financiamiento Universitario que vetó el presidente, Javier Milei, a dos días de que se reúna la Cámara de Diputados para resolver si mantiene en pie la normativa.
A pocas horas de concluida una masiva marcha educativa en favor de las universidades públicas, Milei vetó esta ley que sancionó el Senado el 13 de septiembre y que obligaba al Ejecutivo actualizar las partidas presupuestarias del año en curso para toda el sistema universitario nacional.
La legislación implica una inversión estatal de 735.598 millones de pesos (unos 750 millones de dólares al cambio actual), lo que representa el 0,14 por ciento del producto interior bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
En el proyecto de Presupuesto 2025 presentado al Palacio Legislativo, el Ejecutivo decidió suspender la obligación del Estado de invertir en educación al menos el seis por ciento del PIB.
Una marcha transversal reunió el miércoles pasado en la capital argentina a centenares de miles de personas que mostraron su respaldo a la universidad pública y un rechazo a la política de ajuste que ejecuta el Gobierno de Milei desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2023.
Esta movilización, que también tuvo su eco en otras 47 ciudades del país, es la segunda que organiza la comunidad educativa en apenas cinco meses.
El sistema universitario nacional de Argentina está integrado por más de dos millones de estudiantes, más de 155.000 profesores y unos 60.000 no docentes. (Sputnik)
