El Gobierno argentino rechazó la orden de detención contra el presidente, Javier Milei, emitida por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a raíz de la incautación del avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa, retenido en Buenos Aires en 2022.
«La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela contra el sr. presidente de la nación, Javier Milei», afirmó el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Las órdenes de detención emitidas por la Fiscalía venezolana también alcanzan a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El Ejecutivo argentino señaló que el caso fue resuelto por la justicia, «poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».
La actual gestión, que asumió en diciembre, puntualizó que en Argentina rige la división de poderes «y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro».
El fiscal venezolano anunció la designación de un fiscal especializado para que guíe las investigaciones correspondientes contra el mandatario argentino por su implicación en la presunta violación de los derechos humanos.
El funcionario indicó que Argentina cometió un delito contra el Estado venezolano, por lo que esa nación caribeña ejercería su defensa e impondría sanciones penales a los involucrados en la incautación de su aeronave.
Saab también afirmó que los vinculados con el caso de avión incurrieron en los delitos de robo agravado, legitimación de capitales e inutilización de aeronave.
La aeronave aterrizó el 6 de junio de 2022 en Buenos Aires, donde habría entregado una carga supuestamente compuesta de autopartes de la empresa alemana Volkswagen en Argentina.
Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio argentino el mismo día, ninguna empresa les proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir Estados Unidos.
El avión Boeing 747 3B3, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, fue adquirido a la compañía iraní Mahan Air, esta última fue sancionada por EEUU por sus vínculos con actividades terroristas, según las organizaciones judías más importantes del país: la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
En febrero, la administración de Nicolás Maduro denunció la destrucción del avión por parte de Estados Unidos. (Sputnik)
