El Gobierno argentino disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado degradado el extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad eliminado por la actual gestión apenas asumió en diciembre.
«En el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 horas por parte del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (…) dejará de existir», señala quien fue su titular, Claudia Barcia, en su carta de dimisión.
La funcionaria presentó así su «renuncia indeclinable a partir del día de la fecha» a una subsecretaría que el 24 de mayo había sido traspasada del Ministerio de Capital Humano, una megacartera que abarca las áreas de trabajo, salud, educación y desarrollo social, al Ministerio de Justicia.
El martes, un día después de que Argentina conmemorara el noveno aniversario del movimiento feminista Ni una menos, trabajadores de la Subsecretaría denunciaron las intenciones del Gobierno de Javier Milei de despedir al 80 por ciento de la plantilla de empleados.
«Por lo tanto, más de 500 personas quedarán sin trabajo y, el único área que ha quedado después de la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, quedaría en funcionamiento con unxs 100 trabajadorxs», señalaron en un comunicado.
El personal de este área denunció «un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el Gobierno de Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional y para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general».
El 11 de diciembre, un día después de asumir, el Ejecutivo de Milei concretó la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, una cartera creada por la gestión precedente que presidió Alberto Fernández (2019-2023) responsable de aplicar las leyes de protección todavía vigentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Las funciones del ministerio fueron absorbidas por la subsecretaría, que estuvo acéfala hasta que en marzo asumió Barcia.
La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), ha paralizado en estos meses la Ley Brisa, que otorga una reparación para los hijos víctimas de feminicidios, según ha denunciado la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que contabiliza cada mes el número de feminicidios en el país.
La línea telefónica 144, de asesoramiento para la prevención y asistencia de la violencia de género, «fue precarizada y funciona a media máquina, cuando es de acompañamiento, de información y derivación nacional», denunció a la Agencia Sputnik la directora de Mumalá, Betiana Cabrera Fasolis.
En simultáneo, la actual gestión presentó en febrero un proyecto de ley para derogar la ley que garantiza la interrupción legal del embarazo, vigente desde diciembre de 2020.
Ese mismo mes, el Ejecutivo prohibió en la administración pública nacional el uso del lenguaje inclusivo, que incorpora la perspectiva de género.
También cayó en desuso la Ley Micaela, que capacita en género a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado, y la Ley de Identidad de Género, que despatologiza a las personas trans y les reconoce el derecho a inscribirse con el nombre, imagen y sexo que elijan. (Sputnik)
