El inicio de las negociaciones salariales con los gremios docentes lideradas por el Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, se ha retrasado, lo que pone en peligro el comienzo de las clases en todo el país. El Gobierno ha anunciado que no enviará los fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a las provincias y ha reiterado que las conversaciones con los maestros son responsabilidad de los gobernadores.
El Fonid cubre entre el 10% y el 15% de los salarios del sector docente, y otro fondo, el de Compensación Salarial Docente, busca ayudar a las provincias que no pueden alcanzar el valor del salario mínimo de la actividad, actualmente fijado en $250.000.
Este último fondo beneficia a varias provincias. Sin embargo, desde diciembre, el Gobierno ha dejado de transferir a las provincias los fondos del Fonid, así como los aportes de Conectividad y Material Didáctico y el Fondo de Infraestructura, según advirtieron los 24 ministros de Educación provinciales, según lo publicado por el diario La Nación.
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, ha señalado que las clases no comenzarán si no se reciben los fondos del Gobierno nacional.
Mientras algunos funcionarios mencionan la posibilidad de convocar a la paritaria nacional docente, como Manuel Adorni, vocero del Gobierno, el presidente Javier Milei aseguró que el Poder Ejecutivo no promoverá dicha negociación.
Ante esta situación, los gremios han amenazado con no iniciar las clases y la cuestión podría resolverse en un encuentro entre los cuatro sindicatos docentes pertenecientes a la CGT.
Solo en cuatro de los 24 distritos se garantiza el inicio del ciclo lectivo, mientras que en Tierra del Fuego, Chaco, Chubut y Santa Fe existen dudas sobre el inicio de clases. En la Ciudad de Buenos Aires se ha llegado a un acuerdo salarial fijando el salario inicial en $743.000; en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof podría llevar el tema a la Justicia para regularizar la transferencia de fondos por parte de la Nación. El Gobierno bonaerense ofreció un aumento salarial del 20%, que fue aceptado por los gremios provinciales.
