La Fundación Misión Atlántico alertó sobre los graves perjuicios que la Ley Ómnibus ocasionará en la pesca ya que impulsa «la asignación de cuotas mediante licitaciones al mejor postor».
La propuesta del Poder Ejecutivo Nacional mediante art. 214 de la “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, para la pesca «se opone a un enfoque sostenible en la gestión pesquera y perjudica gravemente los intereses argentinos y la sostenibilidad de la actividad», se indicó desde la Fundación
«Advertimos, además, que pesar de las manifestaciones públicas realizadas por diferentes autoridades políticas no se ha modificado el régimen de licitación propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la denomina “ley ómnibus”, que obtuvo dictamen favorable de mayoría de la Cámara de Diputados de la Nación. La propuesta del gobierno resulta altamente regresiva», se agregó.
Grave perjuicio económico y soberano
Entre las graves consecuencias que ocasionaría la Ley Ómnibus se destacan:
– Fomenta la concentración económica, provocando despidos y desempleo. Por ejemplo, 10 barcos factorías, empleando a 300 personas en total, podrían capturar las 300,000 toneladas permitidas de merluza, desplazando a miles de empleos en más de 150 barcos fresqueros y congeladores y en las plantas de fileteado.
– La entrada de nuevos poseedores de cuotas o su concentración garantiza la sobreexplotación y afecta irreversiblemente nuestro mar y su biodiversidad.
– Producirá una reducción de la recaudación. Ya que los mayores ingresos obtenidos por la subasta de cuotas no compensarán las pérdidas en concepto de DEX, impuestos, cargas sociales, cánones de extracción y otros tributos que conlleva el sistema actual.
– Ocasionará primarización y disminución de las exportaciones. Al no haber incentivos para el valor agregado en el país, llevando a los nuevos poseedores de cuotas a optar por exportar productos primarios.
– Se reemplaza un sistema «meritocrático», por una simple oferta económica. El sistema actual, previsto en el artículo 27 de la Ley Federal de Pesca, considera empleo, inversiones, mayor procesamiento, historial y ausencia de infracciones; en cambio, el nuevo solo tiene como parámetro la cantidad de dinero ofrecido.
– Afecta la industria naval nacional. El solo anuncio del proyecto ha generado un escenario de incertidumbre que afecta gravemente a la industria naval, provocando la caída de contratos y paralizando la construcción de embarcaciones.
– Se vulnera la soberanía argentina sobre la Zona Económica Exclusiva. Dejandola a merced de intereses extranjeros y privados.
– Atenta contra la construcción de capacidades científico-técnicas nacionales.
– Pone en peligro la sostenibilidad de las pesquerías y la preservación de los ecosistemas. Favoreciendo un modelo extractivista altamente predatorio y desinteresado en el cuidado de nuestros bienes comunes ambientales.
– Afecta los intereses provinciales y las economías de aquellas comunidades costeras que ejercen la pesca artesanal de manera tradicional.
– Atenta contra la soberanía alimentaria. La ausencia de regulaciones y la consagración de criterios exclusivamente mercantilistas propiciará el aumento de precios y la colocación de la totalidad de lo producido en mercados externos.
La Fundación coincidió «en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se consagrará un modelo absolutamente predatorio e insostenible que ocasionará un aun mayor deterioro de nuestro mar».
Por ello, la Misión Atlántico, solicitó a «nuestros legisladores a actuar en defensa de los intereses nacionales y de nuestro mar».
