Hoy, el Gobierno ha dado de baja a alrededor de siete mil empleados que comenzaron a trabajar en la administración pública a partir del primero de enero de 2023. Esta medida fue oficializada a través del decreto 84/2023, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial este martes.
Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que estaban en funciones antes de esa fecha. El artículo 1° del decreto establece que «las contrataciones de personas que hayan comenzado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas».
Esta medida afecta a los empleados transitorios y de otras modalidades de contratación cuyos contratos finalizan antes del 31 de diciembre de 2023, en toda la administración nacional, incluyendo entes públicos como la ANSeS, el PAMI y la AFIP. Cerca de siete mil empleados de diversas áreas del Gobierno se verán afectados por esta decisión, excluyendo a aquellos que trabajan en empresas o sociedades estatales.
Sin embargo, la medida también podría afectar a los contratados por locación de servicio cuyos contratos caducan antes de que termine el año. Por otro lado, los contratos de otros 45 mil empleados estatales cuyos contratos fueron firmados antes del primero de enero de 2023 estarán sujetos a revisión durante los próximos 90 días.
