La Procuración General del Chubut expresó su profunda preocupación ante los hechos que han tomado estado público en relación con la investigación llevada a cabo en la ciudad de Esquel y conocida como “AONIKENK” y las manifestaciones efectuadas por la Fiscal jefe de esa ciudad, Dra María Bottini, las que darían cuenta de presuntas presiones, hostigamientos e intentos de interferencia vinculados con el ejercicio de su función constitucional, tanto hacia ella como también a la Procuradora de Fiscalía Dra Cecilia Bagnato.
Presiones y hostigamientos que derivarían en ataques de índole personal que nada tienen que ver con la función pública que cumplen ambas funcionarias y por el contrario, mucho que ver con la causa que investigan bajo sus responsabilidades.
«Asimismo, las expresiones que trascenderían del audio difundido públicamente podrían revelar la existencia de conductas orientadas a desalentar, condicionar o limitar el normal desarrollo de una investigación penal, circunstancia que, de corroborarse, constituiría una inadmisible injerencia en la independencia funcional que la constitución y las leyes le garantizan a los integrantes del Ministerio Público Fiscal», se acotó.
La autonomía e independencia de los fiscales constituyen garantías institucionales esenciales del Estado de Derecho. Su protección no responde a intereses individuales o defensas corporativas, sino a la necesidad de asegurar que las investigaciones penales se desarrollen con objetividad, imparcialidad y exclusiva sujeción a la Constitución, la ley y las evidencias reunidas en cada caso, libres de cualquier tipo de presión o influencia externa.
La Procuración General expresó «su irrestricto acompañamiento y respaldo institucional a la Fiscal jefe de Esquel, a la Procuradora de Fiscalía y a todos los funcionarios y miembros del MPF Chubut, reafirmando su compromiso permanente con la defensa de la autonomía funcional de nuestro Ministerio Público y con el ejercicio independiente de las atribuciones que la Constitución y las leyes le confieren.
Ningún fiscal debería ver condicionada su actuación por intereses ajenos al proceso judicial ni por presiones de naturaleza política, institucional, económica o de cualquier otra índole.
Cualquier intento de influir indebidamente en el curso de una investigación penal, de verificarse, comprometería seriamente principios esenciales del sistema republicano, la división de poderes y el adecuado funcionamiento del servicio de justicia.
La Procuración General continuará ejerciendo todas las acciones que resulten necesarias para resguardar la independencia del Ministerio Público Fiscal, convencida de que la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia exige que los Fiscales puedan cumplir su misión con absoluta libertad autónoma y sin interferencias indebidas, respondiendo únicamente al mandato de la Constitución y nuestras leyes», concluye el comunicado.
