Ayer por la mañana se concretó una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva en relación a un hecho acontecido el pasado 14 de octubre de 2025, en las puertas del Juzgado Penal del barrio Roca, que tiene como imputados a 10 personas: José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca Rojas, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo, Juan Ezequiel Hernández y Vanesa Carolina Ulloa.
La fiscal general Andrea Rubio, acompañada de Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía, requirió el mantenimiento de la prisión preventiva de Alancay, Reyna, Arca Rojas, Soto y Hernández; la libertad con medidas sustitutivas de Rúa y Ulloa por 4 meses o hasta la audiencia preliminar; y el sobreseimiento de Casas, González Díaz y Cerezo por falta de elementos en su contra.
La fiscal argumentó que la evidencia recolectada logró acreditar los extremos del caso, es decir la conducta de cada uno de los imputados. Se ha realizado la pericia de la mecánica del hecho y se han analizado cámaras y extraído información de celulares secuestrados. Hubo una organización previa de varias personas que se convocaron esa mañana en la esquina de la Oficina Judicial. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa” en calidad de “coautores” para Alancay, Reyna, Arca Rojas, Brenda Rua, Hernández y Vanesa Ulloa. En tanto que para Soto como “partícipe secundario” de “homicidio agravado por ser organizado por tres o más personas, en grado de tentativa”.
En tanto que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para dictar anteriormente la prisión preventiva; solicitó la fiscal se mantenga la medida en base a la existencia del peligro de fuga, por las características graves del hecho y el lugar donde se produce. También por el peligro de entorpecimiento existente. Pidiendo en base a ello la prisión preventiva para Alancay, Reyna, Arca Rojas, Soto y Hernández. Con relación a Ulloa, que estaba con arresto domiciliario, solicitó su libertad con presentaciones y prohibición de salir de la ciudad y de comunicarse con los coimputados, al igual que para la coimputada Rua, ambas hasta la audiencia preliminar o por 4 meses.
Por su parte la defensa de Soto y Rua, ejercida por Mauro Fonteñez consintió el pedido respecto de Rua, pero se opuso a la preventiva de Soto requiriendo medidas sustitutivas para él.
La defensora de Hernández, Vanesa Vera, también se opuso a la preventiva y requirió su libertad con presentaciones y prohibición de salir de la ciudad y de comunicarse con coimputados.
El defensor de Ulloa aceptó la libertad con restricciones de su asistida que sugirió la fiscal; en tanto que María de los Ángeles Garro, defensora de Alancay solicitó el principio de igualdad de cada uno de los imputados, por lo cual solicitó su arresto domiciliario.
Gustavo Oyarzun defensor de Reyna y Alancay también se opuso a la prisión preventiva y solicitó su libertad con reglas iguales a las de Ulloa y Rua.
Finalmente, la jueza penal Raquel Tassello resolvió mantener la prisión preventiva de Alancay, Reyna, Arca Rojas, Soto y Hernández por 4 meses, o bien hasta la celebración de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero, en tanto que dispuso la libertad con medidas sustitutivas de Rúa y Ulloa.
