En la jornada final del debate oral, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública en cabeza del Fiscal General Lucas Papini y acompañado del Abogado de Fiscalía Diego Moya, presentó su alegato de clausura, donde sostuvo de manera contundente que los imputados, el Ingeniero Jefe de Vialidad Provincial, Fabian Pérez, y el Jefe de la Zona Noroeste, Juan Carlos Vinay, cometieron actos de corrupción al disponer arbitrariamente de bienes del Estado.
La Fiscalía de Estado se pronunció en línea con la Fiscalía y la defensa requirió la libre absolución de los dos imputados. El lunes próximo se conocerá el veredicto.
Violación a las leyes de Vialidad
La fiscalía subrayó que Pérez y Vinay actuaron de forma «unilateral y discrecional», violando artículos específicos de la Ley Orgánica de Vialidad:
Sin tasación ni beneficio estatal: Entregaron el material sin realizar la tasación fundada que exige la ley y sin que ingresara dinero a las arcas públicas.
Abuso de funciones: Se arrogaron facultades que corresponden únicamente al Directorio o al Presidente de Vialidad, como la firma de convenios y la disposición de bienes.
Desvío de gratuidad: La ley solo permite trabajos gratuitos para comunidades aborígenes o asociaciones sin fines de lucro, no para particulares privados.
Los hechos: Áridos públicos para fines privados
La fiscalía afirmó que quedó plenamente demostrado que se extrajeron aproximadamente 3.600 metros cúbicos de material (áridos) de la Cantera Arroyo Fontana, propiedad de Vialidad Provincial, sin la autorización del Presidente del organismo, autoridad máxima según la Ley Provincial XIX N°11.
De acuerdo con la acusación, este material —que debía servir al interés público— fue entregado a tres particulares para la construcción de un camino hacia sus terrenos privados. El fiscal Lucas Papini, de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, sostuvo que durante el juicio, se reveló que:
Falta de interés público: El camino en cuestión no es de libre tránsito; por el contrario, los jueces pudieron constatar en una inspección ocular que el acceso está cerrado con tranquera, cadena y candado.
Financiamiento privado: Los propios beneficiarios pagaron la suma de 20 millones de pesos a un transportista particular para realizar el traslado del material estatal hacia sus propiedades.
Inexistencia de gestión municipal: Se desmintió la versión de la defensa sobre una supuesta solicitud del Municipio de Trevelin, señalando que la comuna nunca controló la extracción ni el destino de los bienes.
«Incumplir la ley es un acto de corrupción»
Hacia el final de su exposición, el Fiscal recordó que Argentina ha suscrito tratados internacionales (como las convenciones de la OEA y la ONU) que obligan a sancionar la corrupción. Remarcó que la corrupción no solo implica el robo de dinero, sino también el uso de puestos de privilegio para favorecer intereses particulares por encima del bien común.
Pedido absolutorio
La defensa insiste en que se trata de una práctica habitual de Vialidad en relación con municipios, en este caso el de Trevelin, que era material de descarte y y que ese callejón tiene una utilidad pública. Planteó que la denuncia fue irresponsable y por ese motivo requirió que las costas sean impuestas a la Administración de Vialidad Provincial y a su presidente.
Los plantos de la defensa fueron contestados en las réplicas de los acusadores.
