La entidad que reúne en Argentina a los rectores de todas las universidades públicas del país denunciaron este jueves ante la justicia, junto con ocho federaciones y sindicatos, la inobservancia por parte del Gobierno de la resolución judicial que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
«Hemos notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de lo dispuesto en fallo», informaron en un comunicado conjunto los gremios y el Centro Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales.
La comunidad universitaria también envió una carta al Ministerio de Capital Humano, para exigir una reunión para reactivar los aumentos salariales pendientes y sobre todo la aplicación del artículo 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, relativos a la actualización de salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles de acuerdo a la inflación.
El CIN y las ocho federaciones y asociaciones sindicales, que representan a alumnos, docentes y no docentes, advirtieron también que movilizarán a la sociedad en la primera mitad de mayo, de no acatarse el fallo emitido el 31 de marzo por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el cual ratificaba una cautelar emitida en primera instancia para que el Gobierno ejecutase la Ley de Financiamiento Universitario.
«Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial que exige su aplicación, anunciamos que volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional», expusieron.
La cautelar de la justicia en defensa de la normativa que garantiza el funcionamiento de las instituciones terciarias fue emitida a instancias del CIN, que recurrió la decisión del Gobierno de Javier Milei de no ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario pese a que la normativa fue sancionada en agosto y sostenida en octubre por el Congreso frente a un veto del presidente, quien adujo que la normativa atentaba contra el equilibrio fiscal.
La jornada nacional de 24 horas de universidad pública abierta que llevó adelante la comunidad universitaria entre la víspera y este jueves mostró «el potencial extraordinario del sistema universitario público, lo que aporta esa universidad todos los días al país».
«Advertirnos que, si no aparecen respuestas urgentes, esas capacidades van, poco a poco, apagándose», señalaron en su comunicado el CIN junto con las dos ramas de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu y Conadu histórica), la Federación Universitaria Argentina FUA) y la Unión de Docentes Argentinas (UDA).
Desde que asumió la actual gestión en diciembre de 2023 y hasta el momento, «45,6 por ciento cayeron las transferencias a las universidades públicas» denunciaron también la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Asociación Gremial de Docentes de Universidad Técnica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
«En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera, pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y no docentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes», destacaron.
En su resolución de hace 16 días, el tribunal de alzada argentino confirmó la decisión del juez de primera instancia Martín Cormick, que en diciembre declaró inaplicable el decreto presidencial que suspendía la ejecución de Ley de Financiamiento Universitario y ordenaba cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma.
La Ley de Financiamiento Universitario fue defendida por la comunidad educativa con tres marchas federales durante los últimos meses,
La legislación, sostenida por el Congreso ante los intentos del presidente de vetarla o de anular su aplicación, establece la reapertura de las negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y para el funcionamiento de las casas superiores de estudios, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (7 millones de dólares).
La legislación tiene un costo fiscal estimado del 0,23 por ciento del producto interno bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Según la Universidad de Buenos Aires, la mayor del país, la inversión para la educación superior en 2025 fue la más baja de los últimos 20 años. (Sputnik)
