En un clima de tensión, el Gobierno de Javier Milei busca dar el primer golpe de efecto del año y dar media sanción a la reforma laboral. En el inicio de las sesiones extraordinarias, este miércoles a las 11 será el primer paso para el oficialismo en el Senado.
Afuera del Congreso, el escenario será intenso: habrá una marcha de la CGT a la que se sumarán otros gremios y fuerzas políticas. La manifestación se llevará a cabo en medio de un paro general en la gran mayoría de las actividades, en rechazo al proyecto del ejecutivo.
En este contexto, el oficialismo trabajó con los bloques aliados para alcanzar los consensos necesarios para lograr la primera victoria política del año. Y según anunció la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron 28 modificaciones al proyecto original.
Pero además, la exministra de Seguridad informó un dato clave rumbo a la votación: sacaron el capítulo de Ganancias, que era el principal reclamo de los gobernadores. Ya sin este ítem en el proyecto, se espera que las críticas lleguen solo del kirchnerismo y la izquierda, por lo que los votos estarán para la media sanción. Necesita al menos 37 votos para alcanzar la mayoría simple.
Los puntos acordados con la oposición
Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo indemnizatorio, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. El texto establece que la base para la indemnización por despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica en estos casos.
El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.
Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.
El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.
En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.
La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.
Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias
Las medidas de fuerza en contra del proyecto
La marcha fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones. La jornada estará marcada por un fuerte despliegue de las fuerzas federales con el objetivo de garantizar la circulación y evitar confrontaciones, aunque se prevé que el vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso sea riguroso.
El acto central servirá para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo. Desde la central obrera ya advirtieron que, de no ser escuchados, el siguiente paso será la convocatoria a un paro nacional.
La CGT denunció que el proyecto posee una “redacción maliciosa” que favorece a las grandes empresas y perjudica a las pymes. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la limitación de la autonomía sindical, la creación de un “fondo de cese laboral” para reemplazar las indemnizaciones tradicionales y la implementación de un banco de horas que, según los gremios, precariza la jornada laboral.
