Con especial firmeza y sin que darle la posibilidad legal de que reviertan su resolución, la jueza de garantías Karina Breckle les explicó a los responsables de la Asociación “Callejeros” las causas por las cuales no pueden ser querellantes o intervenir en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Rawson en el caso de la niña asesinada por un perro en Playa Magagna meses atrás.
Esa asociación es la que tiene alojado al perro “Perejil” que se cree fue el que dio muerte a una niña de seis años. En una audiencia de incidente realizada en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías dejó en claro con firmeza y con argumentos legales que las únicas acciones que tiene esa asociación, es la del cuidado del animal.
“No tienen legitimidad”
La jueza les había manifestado que “el juez es el que está al cuidado de los derechos del animal y ustedes no son sus propietarios. Solo se les encomendó el cuidado porque son depositarios judiciales. El animal no es víctima ni imputado y por razones de la naturaleza estaba en ese lugar al momento de los hechos espantosos que sucedieron. Ustedes no pueden peticionar, no tienen legitimidad, no son víctimas y tampoco se los autorizó a que sean querellantes”.
Unica víctima
“La única víctima es la niña que perdió la vida. No están habilitados a subir a las redes sociales aspectos de una causa que no conocen porque no son parte de la investigación y no pueden invocar derechos del animal en nombre de los padres de la niña. Lo que ocurrió lo tiene que determinar el Ministerio Público Fiscal que tiene el objetivo de llevarle la verdad a los padres de la niña. Si hay una persona responsable en lo que ocurrió eso lo determinarán los fiscales. Por ejemplo, no pueden ustedes decir livianamente que se perdieron pruebas. Y desde los responsables de la investigación, no tienen la obligación de hacerles conocer las pruebas que se están recolectando, porque ustedes no son partes legales en esta investigación. “Perejil no es víctima ni imputado. Solo es un ser sintiente que requiere nuestro cuidado”, expresó la magistrada.
La jueza Breckle también les pidió que “permitan que el Ministerio Público Fiscal cumpla con su rol” a la vez que les prohibió “expresar cualquier información sobre el tema. Previamente deben pedirle autorización a esta magistrada”.
Rechazo
Lo hizo frente a los responsables del lugar, Sandra Jacqes y Marcelo Luzio que estaban acompañados por el abogado Gerardo Martínez. Este último pretendió revertir los dichos y mandatos de Breckle indicando que “nos sentimos agraviados y queremos apelar. En respuesta, la jueza Breckle fue tajante al manifestarle que “todo ya lo vengo fundamentando desde hace más de media hora y no están en condiciones legales de ser querellante y partes en esta investigación”.
