(Por Redacción Venezuela) El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática informó este viernes 14 de agosto el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención. La decisión llega cuarenta y ocho horas después de que la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 cerrara su primer ciclo con dos acuerdos, y un día después de que la jefa de la delegación opositora se comprometiera públicamente a impulsar liberaciones «en los próximos días».
Qué anunció el Programa para la Paz
El comunicado precisa que las medidas fueron acordadas por los tribunales competentes, a solicitud del Ministerio Público, en el marco de casos relacionados con hechos contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República. El texto habla de personas con presunta o comprobada participación en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano.
El Programa reiteró su disposición a respaldar iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a la convivencia democrática. Fue creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez y se instaló formalmente en el Palacio de Miraflores en enero de este año, con Ernesto Villegas como coordinador general y Ana María Sanjuán como secretaria ejecutiva.
El anuncio fue difundido en la red social X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.
Qué significa «medidas alternativas»
La figura no equivale a una absolución ni al cierre de los procesos judiciales. En la legislación venezolana, las medidas alternativas a la privación de libertad comprenden principalmente la prisión domiciliaria y el régimen de presentación periódica ante los tribunales, con prohibición de salida del país en muchos casos.
Es decir: las personas beneficiadas salen de los centros de reclusión, pero sus expedientes siguen abiertos y mantienen obligaciones procesales. Es la misma modalidad que ha predominado en las excarcelaciones ordenadas a lo largo de 2026 y en la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, que según los registros oficiales ha beneficiado a más de 8.000 personas, la mayoría bajo libertad restringida. El artículo 9 de esa ley excluye expresamente violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas y corrupción.
El eslabón que faltaba en la mesa
El anuncio responde a un vacío señalado por varias organizaciones apenas se conoció el comunicado conjunto del miércoles. Acceso a la Justicia y otras instituciones lamentaron entonces que la cuestión de las personas detenidas por motivos políticos no figurara entre los acuerdos del primer ciclo, que se concentraron en la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia y en la recuperación de los activos venezolanos retenidos en el Banco de Inglaterra.
Ese reclamo venía acumulándose. El 11 de agosto, mientras las conversaciones seguían en curso, Dinorah Figuera se reunió en Caracas con familiares de detenidos y con expresos políticos, entre ellos Américo De Grazia, Ángel Aristimuño y Roberto Marrero, que le entregaron una comunicación para llevar a la mesa. El jueves 13, un día después del cierre del ciclo, Figuera volvió a reunirse con familiares y publicó el compromiso: «Asumimos el compromiso y es nuestro propósito trabajar para que en los próximos días se vayan dando las liberaciones».
Veinticuatro horas más tarde llegó el anuncio de las 131 medidas. La secuencia es la primera evidencia de que el mecanismo de diálogo produce resultados verificables fuera de la sala de reuniones.
El caso emblemático y el conteo en curso
Entre las primeras excarcelaciones confirmadas figura la de Emirlendris Benítez, detenida el 5 de agosto de 2018 y vinculada al llamado caso de los drones. Cumplió ocho años en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Los Teques, y este viernes se reencontró con su hijo Santiago. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que salió junto a otras cinco mujeres.
Las excarcelaciones se registraron principalmente en el propio Instituto Nacional de Orientación Femenina y en el internado judicial Rodeo I, ambos en el estado Miranda, con familiares esperando a las puertas de los penales durante buena parte de la tarde.
El Foro Penal, la organización que lleva el registro más citado sobre la materia, verificó al menos cuarenta excarcelaciones hacia el final de la tarde del viernes y aclaró que el proceso seguía en curso, pidiendo «paciencia para la difusión de información verificada y completa». Esa brecha entre la cifra anunciada y la cifra verificada es habitual en procesos de este tipo, donde la salida material de cada persona depende de trámites en distintos tribunales y penales.
La misma organización contabilizaba 391 personas detenidas por motivos políticos hasta el 10 de agosto: 365 hombres y 26 mujeres, de las cuales 228 son civiles y 163 militares. Si las 131 medidas se materializan en su totalidad, el registro quedaría por debajo de los 300 casos, el nivel más bajo en años.
Lo que viene
El segundo ciclo de conversaciones está previsto para comienzos de septiembre. El comunicado conjunto del miércoles incorporó una cláusula de cumplimiento verificable de los compromisos y otra de protección de los derechos humanos y políticos de todas las fuerzas: son precisamente esas dos cláusulas las que este viernes recibieron su primera prueba práctica.
Para la comunidad internacional que sigue el proceso venezolano, el dato relevante no es solo el número. Es que, por primera vez en el ciclo abierto este año, un compromiso enunciado en la mesa se tradujo en una decisión administrativa y judicial en menos de setenta y dos horas. La pregunta que queda abierta —y que las organizaciones de familiares ya están formulando— es si el ritmo se sostiene con los casos que permanecen sin resolver, incluidos los 163 militares que el Foro Penal registra y que rara vez aparecen en los anuncios.
