«Este pedido me parece que es muy fiable, estamos confiados en que va a ser acatado por el comité, en tanto que hay antecedentes claros del propio organismo», sostuvo este especialista en litigios internacionales.
La comunicación individual presentada ante el comité el 13 de julio en favor de la también ex vicepresidenta (2019-2023) cuestiona la condena del Tribunal Oral Federal (TOF) nº 2 dictada en su contra en diciembre de 2022, en el marco de una causa conocida como «vialidad», que la condenó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema en junio de 2025, por lo que se encuentra firme.
La estrategia de la defensa de Fernández, que integra también el abogado español Javier Borrego, con experiencia en el sistema europeo de derechos humanos, y el argentino Carlos Beraldi, que siguió desde su inicio el proceso judicial contra la expresidenta, «tiene como decisión de fondo la nulidad del causo de la causa «vialidad» por problemas del debido proceso legal, del juicio imparcial independiente».
En ese marco, los abogados de la exjefa de Estado presentaron tres planteos cautelares ante el comité con sede en Ginebra, integrado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que adoptó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
Uno de los pedidos cautelares reclama «la suspensión de la inhabiltación perpetua, que es el pedido cautelar que más está generando polémica en Argentina», de acuerdo a Valim, quien fue uno de los juristas que participó en la defensa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso Lava Jato, que reveló casos de corrupción entre la petrolera estatal Petrobras, empresas constructoras y políticos del país mediante la entrega de sobornos.
«Hay una jurisprudencia del comité por el que inhabilitaciones políticas perpetuas o muy largas, de cuatro o cinco años, están en contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», observó el abogado brasileño.
Dado que hay numerosos precedentes en los que el Comité de Derechos Humanos «rechaza esa posibilidad, entonces nos parece que una inhabiliación perpetua, a la luz de esos parámetros, es evidentemente contraria a lo que ya decidió el organismo y a lo que está previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», contrapesó Valim.
Una eventual medida cautelar a favor de la exmandataria debería producirse antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de 2027 en Argentina, «porque en caso de Cristina, la cautelar –que no significa que vaya a ser candidata, pero sí tiene que tener la posibilidad de ejercer sus derechos políticos-– debe ser garantizada antes de esos comicios para que esa medida cautelar sea útil e intempestiva».
A sabiendas de que la próxima reunión del Comité de Derechos Humanos será en octubre, «vamos a trabajar para demostrarle que la cautelar tiene que ser decidida en ese momento», sostuvo el abogado brasileño, que mencionó que el organismo redujo a dos sus encuentros anuales, lo que asoció a la crisis general que atraviesa Naciones Unidas.
CUMPLIMIENTO DE CAUTELAR
Al conocer la presentación individual de la expresidenta ante el comité de la ONU, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, restó importancia a la iniciativa, al asegurar que Fernández ya fue juzgada y condenada en el país sudamericano.
El abogado brasileño calificó de «muy previsible» la discusión sobre el alcance de una medida cautelar que pueda autorizar a Cristina Fernández a presentarse en las próximas elecciones presidenciales.
«Todas las veces que tratamos estos casos internacionales siempre se da la misma discusión. En el momento en que en Brasil hubo una decisión cautelar favorable a Lula, se planteó lo mismo. Parece que estamos trasladando la misma discusión de Brasil de hace unos años a Argentina, es impresionante», manifestó.
Valim aclaró que se trata de «una polémica que tiene más de política que de derecho, porque es un falso problema, un falso interrogante».
«Es obvio, en términos técnicos y jurídicos, que las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU son vinculantes al Estado argentino, porque se comprometió a ello ante la comunidad internacional cuando ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y aún más, cuando ratificó el Protocolo Facultativo a ese pacto que consagra la competencia del comité para decidir sobre comunicaciones individuales», sentenció.
En Argentina, «el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo tienen rango constitucional», por lo que «no hay discusión sobre eso», zanjó.
«Negar la eficacia de las decisiones del comité es negar la Constitución argentina, el sistema internacional de protección de derechos humanos, y la historia de la democratización en Argentina y la apertura de derechos humanos que marca el constitucionalismo argentino de una manera positiva»; afirmó Valim.
Entonces, «para negar los derechos de Cristina, están negando la Constitución argentina, es algo insólito», remarcó.
ANTECEDENTES
Los fallos favorables del Comité de Derechos Humanos a inhabilitaciones prolongadas o perpetuas tienen varios precedentes, no solo el concerniente a Lula, contextualizó Valim.
«El comité decide en miles de casos, hay decisiones que involucran ministros, entre otras autoridades, y es algo común, no sería correcto decir que el único antecedente fue el de Lula, que fue un antecedente conocido en América del Sur», comentó.
En aquel caso, «la cautelar emitida por el comité, antes de las elecciones presidenciales de 2018, garantizó a Lula la posibilidad de participar en esos comicios, cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil todavía no había decidido sobre su situación y él estaba en la cárcel», recordó.
Fue entonces cuando el comité «garantizó a Lula la posibilidad de participar en las elecciones, y tiempo después (en 2021), el Supremo Tribunal Federal juzgó y anuló las condenas en su contra», precisó Valim.
Otro de los casos en los que el comité de la ONU concedió una cautelar por considerar la sentencia desproporcionada fue en 2008, en beneficio de un político de Sri Lanka, Mudiyanselage Sumanaweera Dissanayake, que fue condenado por desacato a la Corte Suprema a dos años de trabajos forzados y a siete años de inhabilitación electoral tras su excarcelación.
Otro antecedente favorable es el del expresidente lituano Rolandas Paksas (2003-2004), que recibió una inhabilitación perpetua para postularse a cargos públicos tras su destitución en 2004, lo que a juicio de Comité de Derechos Humanos, «carecía de la previsibilidad y objetividad necesarias», por lo que concluyó que el Estado había vulnerado sus derechos y que debía revisar esa prohibición.
En prisión domiciliaria desde hace más de un año, Cristina Fernández afronta en la actualidad otro juicio oral por una causa denominada «cuadernos» en la que está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que cobraba supuestamente sobornos a empresarios de la construcción, energía y transporte que obtenían después contratos estatales. (Sputnik)
