El senador nacional por Chaco, Jorge Capitanich, publicó un extenso análisis sobre el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, actualmente en debate en el Senado. Según el legislador, la iniciativa del gobierno nacional busca modificar normas clave del régimen de expropiaciones, regularización dominial y protección del dominio nacional sobre tierras rurales, con el objetivo de eliminar los límites a la extranjerización de la tierra.
Capitanich advirtió que el proyecto “no defiende la propiedad privada, sino que facilita la entrega de recursos estratégicos”, al tiempo que vulnera leyes ambientales y tratados internacionales. Entre los cambios más polémicos se incluye la posibilidad de desalojos acelerados sin distinguir entre ocupantes ilegales y familias en situación de vulnerabilidad, y la extensión de los plazos para acceder al título de propiedad, que podrían alcanzar los 20 años.
El legislador propuso una alternativa basada en la regularización dominial para garantizar el acceso a la propiedad de millones de familias que viven en barrios populares sin título formal. Según datos del RENABAP, más de 1,2 millones de familias habitan en asentamientos urbanos sin servicios básicos ni seguridad jurídica sobre sus viviendas.
- Ley 21.499 de Expropiaciones, que introduce una “interpretación restrictiva” de la utilidad pública y nuevos criterios de indemnización.
- Ley 24.374 de Regularización Dominial, que extiende de 3 a 10 años el plazo para acceder al título de propiedad, lo que podría demorar hasta 20 años la consolidación del dominio.
- Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, que elimina los topes de propiedad extranjera y las restricciones en zonas de frontera y cuerpos de agua.
- Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que flexibiliza las prohibiciones para desarrollar emprendimientos inmobiliarios en áreas incendiadas.
- Ley 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble, que incorpora un proceso de digitalización integral.
- Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece nuevos procedimientos de desalojo sin distinguir entre ocupantes ilegales y familias vulnerables.
Capitanich también alertó sobre el impacto geopolítico de la reforma, que —según afirmó— responde a intereses externos y podría profundizar la concentración y extranjerización de tierras estratégicas en zonas de frontera, cuerpos de agua y áreas con recursos naturales críticos.
“El verdadero debate no es la defensa de la propiedad privada, sino quiénes pueden acceder a ella y bajo qué reglas se preserva la soberanía nacional sobre la tierra y los recursos estratégicos”, concluyó el senador, al reclamar políticas públicas que prioricen el interés nacional y el derecho de las familias a la propiedad
