Un juez federal argentino que investiga el caso de la criptomoneda $Libra promocionada por el presidente, Javier Milei, resolvió apartar del expediente a los cinco inversores damnificados que hasta hoy intervenían como querellantes e impulsaban la causa, adelantaron a la Agencia Sputnik fuentes judiciales.
«Causa $LIBRA: la Justicia apartó a los querellantes», señalaron este viernes desde los tribunales federales de Buenos Aires.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar así a un pedido del imputado Mauricio Novelli, un lobista organizador del foro tecnológico Tech Forum al que asistieron en octubre de 2024 tanto el presidente, como el creador del activo digital, el estadounidense Hayden Mark Davis.
El magistrado entendió que, con la prueba reunida hasta el momento, los querellantes no lograron acreditar un perjuicio directo ni demostrar la titularidad de las billeteras virtuales desde las que habrían adquirido el token.
En la causa fueron denunciados el jefe de Estado, su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el exjefe de Gabinete Manuel Adorni por la promoción del activo digital el 14 de febrero de 2025.
Además están involucrados el estadounidense Hyden Davis, quien fue recibido por el mandatario argentino el 30 de enero en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo; de los empresarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, asociados al lanzamiento del activo; y el consultor Sergio Morales, asesor en la Comisión Nacional de Valores, que visitó la casa de Gobierno con Novelli y Terrones Godoy.
Se trata de la causa en la que fueron denunciados Javier Milei, su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Hayden Davis, Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, entre otros y que comenzó tras el posteo del presidente del 14 de febrero de 2025 de la cripto $Libra en su cuenta de X.
El fallo sostiene que «los elementos incorporados no permiten sostener que hayan sido especialmente perjudicados por la maniobra que resulta objeto de investigación».
La resolución de Martinez de Giorgi señala que «la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso».
Uno de los puntos principales de la decisión es que el juez distingue entre haber sufrido pérdidas económicas y reunir los requisitos legales para intervenir como querellante.
«Aun cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $Libra, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal», afirmó el magistrado.
ACTIVOS CON VOLATILIDAD
El fallo dedica buena parte de sus fundamentos a explicar por qué considera insuficiente la documentación aportada por los denunciantes para acreditar que las billeteras digitales utilizadas les pertenecían.
Según el juez, «la información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados, no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello».
Las presentaciones de los denunciantes «se han sustentado únicamente en links (enlaces) y en alegaciones relativas a la tenencia o administración de las claves privadas; extremos que, por sí solos, resultan insuficientes para demostrar su titularidad».
El magistrado explicó además que la propia estructura de la red Solana donde se emitió la criptomoneda y el uso de billeteras de autocustodia hacen difícil la identificación de sus verdaderos titulares, ya que no existe un mecanismo de validación de identidad asociado a esas direcciones.
Otro de los argumentos del fallo es que los hechos investigados ocurrieron en el marco de una «memecoin, un activo digital caracterizado por su elevada volatilidad».
En ese sentido, el juez sostuvo que este tipo de operaciones implican «la asunción de riesgos inherentes por parte de quienes deciden intervenir», circunstancia que «impide, al menos de momento, identificar automáticamente cualquier resultado económico desfavorable con una consecuencia directa e inmediata de las conductas aquí investigadas».
Se descuenta que la decisión, cuestionada por los querellantes que han impulsado el caso, será apelada.
La investigación seguirá a partir de ahora con el único impulso del fiscal interviniente, Eduardo Taiano.
El expediente mantiene como objeto procesal las distintas hipótesis vinculadas al lanzamiento y promoción de la criptomoneda, entre ellas la presunta maniobra mediante la cual los desarrolladores habrían retirado millones de dólares de los fondos de liquidez, así como las denuncias por posibles negociaciones incompatibles, cohecho y otras conductas vinculadas con funcionarios públicos.
El viernes 14 de febrero, a las 19.01 hora local (22.01 GMT), el mandatario publicó un mensaje en las redes sociales en el que recomendaba invertir en $Libra, una moneda digital sin respaldo, creada tres minutos antes, y que tenía el 82 por ciento de su circulante en manos de cinco billeteras digitales.
Tras el mensaje, la cotización de $Libra subió de forma vertiginosa pasando de 0,01 céntimos a 4,7 dólares.
Sin embargo, horas después los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que provocó un desplome en el valor de la moneda digital.
La caída llevó al presidente a borrar su mensaje en la madrugada del sábado 15 de febrero, aduciendo que no estaba interiorizado con el proyecto.
Varias investigaciones judiciales analizan presuntas responsabilidades en el caso, incluso en EEUU, donde se presentó una demanda colectiva que reúne a más de 200 damnificados. (Sputnik)
