Desde este jueves 25 de junio se llevará adelante en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, el jury de enjuiciamiento contra el jefe de la Asesoría de Familia de Esquel, Hugo Sánchez, quien se encuentra suspendido por denuncias de maltrato y acoso laboral dentro de su lugar de trabajo.
El jury está a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento que es presidido por la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra, integrado además por los abogados Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía, y por los diputados María Andrea Aguilera y Gustavo Fita.
El abogado defensor designado por Sánchez para el jury es Santiago Carlen, mientras que la comisión acusadora la integran las consejeras Lucia Pettinari, Daniela Pili y Lucía González Almirón. Están convocados 52 testigos en total: 40 por la defensa y 15 por la acusación, pero 6 de estos nombres son propuestos por ambas partes.
La denuncia original ingresó al Consejo de la Magistratura el 6 de junio de 2025 a partir de un sumario instruido por el defensor general Sebastián Daroca contra Sánchez, a raíz de una denuncia interpuesta por la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut por maltrato y acoso laboral de parte de Sánchez -superior jerárquico- sobre Paula Epifane.
Tras la apertura del sumario y la recolección de testimonios, la instructora del caso, Lucía Pettinari, consideró acreditado el mal desempeño del funcionario así como un conjunto de conductas que se enmarcan en los parámetros establecidos por el Convenio 190 de la OIT, que protege la dignidad de las personas frente a situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral.
Violencia y acoso laboral
El informe de Pettinari concluyó que existió “violencia y acoso laboral” y también “violencia y acoso por razón de género”, entendidos como comportamientos que afectan de manera desproporcionada a personas de un determinado sexo o género e incluso incluyen el acoso sexual.
En sus fundamentos, Pettinari detalló que las conductas denunciadas fueron “frecuentes, continuadas y por años” y que las personas involucradas “sufrieron daños psicofísicos como consecuencia del accionar del Dr. Sánchez”. También se señaló que dichas acciones violaron la dignidad de las trabajadoras afectadas.
Otro de los puntos centrales del dictamen fue la inequidad en la distribución de tareas, que, según los testimonios recabados, recayó especialmente sobre empleadas mujeres, generando sobrecarga laboral y evidenciando “una falta ética en la función del magistrado, la ausencia de decoro y probidad propia de un funcionario público”.
El dictamen de la Defensora Jefa de Comodoro Rivadavia sostuvo que, más allá de los hechos individuales, la prueba testimonial permitió acreditar “la existencia de una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como método de gestión por parte del Dr. Sánchez”.
Esta atmósfera laboral -concluyó la investigación- favoreció que las conductas abusivas se prolongaran durante años, silenció a las víctimas y causó un “profundo daño al servicio de justicia”, afectando la posibilidad de denunciar y garantizando la impunidad del funcionario durante ese período.
Estos hechos son los que se ventilarán en el jury a partir de este jueves, por un espacio estimado de dos jornadas hasta el viernes, y luego se determinará si se acreditó la causal para destituir al magistrado de su cargo.
