Argentina constató, entre enero y abril, 90 feminicidios, lo que arroja un promedio de un asesinato por odio de género cada 32 horas, señaló a la Agencia Sputnik la portavoz de la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), Victoria Aguirre.
«Contamos con 90 femicidios en lo que va del año», manifestó la activista.
Del total contabilizado, 67 fueron directos y cuatro vinculados, como se conoce a los asesinatos cometidos contra niños o adultos, con independencia de su género, a fin de causarle sufrimiento a una mujer en un contexto de violencia.
Además se registraron tres travesticidios y 11 feminicidios en un contexto de narcotráfico y crimen organizado.
«Podemos denunciar que el 35 por ciento de las víctimas eran madres, y que 61 niños, niñas y adolescentes quedaron desprotegidos, huérfanos», remarcó Aguirre.
Dentro de las victimas, «el 75 por ciento tenía una orden de restricción, y el 12 por ciento contaba con un botón antipánico, pero están en la estadística de femicidios», agregó la portavoz de la entidad.
El observatorio federal de Mumalá indicó que otras nueve muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación, a la espera de conocer la autopsia y otros peritajes, y que además hubo dos muertes violentas asociadas al género en delitos, tales como robos.
El informe hace énfasis en la cantidad elevada de tentativas de feminicidios contabilizadas entre enero y abril, con 359 casos.
Parejas y exparejas son responsables del 60 por ciento de los asesinatos por odio de género, y familiares de las víctimas cargan con otro 13 por ciento de los feminicidios.
En cuanto a los feminicidas, «10 por ciento contaba con antecedentes penales y cuatro por ciento pertenecía a las fuerzas de seguridad», indicó Aguirre.
El 14 por ciento de los autores utilizó algún mecanismo para deshacerse del cadáver, como descuartizarlo, enterrarlo, desecharlo en basurales o arrojarlo a ríos o arroyos.
«Únicamente el 10 por ciento había denunciado a sus agresores, dato que viene bajando sistemáticamente, y esto tiene que ver con la falta de acceso a la justicia», cuestionó la portavoz de Mumalá.
Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, se han reducido o eliminado las herramientas para el abordaje de las violencias.
La actual gestión eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), prohibió el lenguaje inclusivo en documentos oficiales, la perspectiva de género en políticas públicas, y propuso eliminar del Código Penal el agravante vinculado a la violencia por motivos de género.
«Frente al discurso odiante del Gobierno y la persecución que habla de falsas denuncias, nos preocupa la situación, cuando venimos denunciando que la falta de acceso a la justicia nos pone ante mayores peligros», advirtió la referente de Mumalá.
Con estos, datos, al 30 de abril Argentina posee una tasa nacional de feminicidios de 0,4 cada 100.000 mujeres.
Ante este escenario, Mumalá exige «que vuelva a reforzarse el apoyo institucional para combatir la violencia por motivos de género».
«Exigimos al Estado argentino que restablezca las políticas de género para dar cumplimiento a las obligaciones de prevención, asistencia y acompañamiento a las víctimas, y exigimos la declaración de emergencia de la violencia de género, para que la consigna «ni una menos deje de ser un eslogan», refirió Aguirre en alusión al colectivo originado en Argentina que reclama la igualdad de género.
La violencia de género constituye el principal contexto en el que se producen las muertes dolosas de mujeres, de acuerdo al Ministerio Público Fiscal de la nación sudamericana. (Sputnik)
