(Por InfoGEI). En el marco de una transformación silenciosa del aparato de seguridad, el gobierno de Javier Milei habría consolidado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 un entramado de vigilancia tecnológica que, según un informe de Amnistía Internacional, refuerza un modelo de control social con rasgos autoritarios.
El documento, difundido por el sitio Esfera Noticias, sostiene que la administración nacional aceleró la implementación de herramientas como reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y drones con cámaras térmicas, en gran parte mediante decretos y resoluciones que evitaron el debate parlamentario.
La organización alerta que el problema no se limita a la sofisticación técnica, sino a la confluencia de equipos avanzados, facultades estatales ampliadas y una ausencia casi total de controles. Esta combinación, advierte, genera un efecto disuasorio sobre la protesta social, el periodismo crítico y la expresión de voces disidentes, al instalar una percepción de observación permanente que basta para modificar comportamientos, incluso sin sanciones concretas.
Según los datos recopilados —que incluyen entrevistas a 21 personas, documentación oficial y pedidos de acceso a la información—, el Estado argentino destinó al menos 1,2 millones de dólares entre 2024 y 2025 en plataformas de análisis masivo de datos, software biométrico y sistemas aéreos de rastreo en tiempo real.
Testimonios como el de Ana Tapia, de Jubilados Insurgentes, describen la presencia de drones en movilizaciones frente al Congreso y la sensación de estar permanentemente identificados, lo que refleja uno de los efectos más invisibles pero operativos de esta infraestructura: la autocensura y el repliegue participativo.
Amnistía enmarca esta expansión en una tendencia global de uso creciente de IA para vigilar a defensores de derechos humanos, migrantes y grupos marginados, y subraya el poder creciente del mercado privado de vigilancia, difícil de sujetar a rendición de cuentas.
Frente a ello, el organismo exige a Argentina prohibir el reconocimiento biométrico remoto con fines masivos o discriminatorios, regular estrictamente la adquisición y uso de estos sistemas, y crear mecanismos efectivos para investigar abusos.
El informe concluye que el debate de fondo no es tecnológico, sino político: la inteligencia artificial, cuando crece sin frenos democráticos, deja de ser una herramienta de seguridad para convertirse en una estructura permanente de poder.
La advertencia final es clara: la velocidad de la innovación estatal supera ampliamente la de los controles, y en ese desequilibrio se juega el límite mismo de las libertades fundamentales. (InfoGEI)
