Un juzgado federal argentino suspendió de momento la ejecución de una medida cautelar que exhortaba al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
«Se ha dispuesto la suspensión, por el momento, de la ejecución de la medida cautelar con motivo de que el Superior ha solicitado los autos principales a fin de dar tratamiento al recurso extraordinario interpuesto», informaron fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal nro. 11, a cargo del juez Martín Cormick, suspendió «por el momento» la ejecución de la medida cautelar que instaba al Gobierno a cumplir con la legislación que garantiza los fondos de las instituciones superiores terciarias.
El magistrado Cormick, que fue el mismo que implementó la medida cautelar, decidió suspender su ejecución hasta que la Corte Suprema resuelva la cuestión de fondo, a partir del recurso extraordinario («per saltum») que presentó el Gobierno.
Como tribunal de segunda instancia, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había confirmado la cautelar que ordenaba al Gobierno cumplir con la ley, debe resolver si habilita el pedido del Ejecutivo para que define el máximo tribunal del país.
Entre tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales, apelará la medida.
Ante la resistencia del Ejecutivo para implementar la ley, las universidades públicas convocaron una nueva manifestación para el 12 de mayo, en lo que se convertirá en la cuarta Marcha Federal Universitaria que enfrenta el Gobierno de Javier Milei.
La comunidad universitaria envió hace diez días una carta al Ministerio de Capital Humano para que reactive los aumentos salariales pendientes y sobre todo aplique el artículo 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, relativos a la actualización de salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles de acuerdo a la inflación.
La cautelar de la justicia en defensa de la normativa que garantiza el funcionamiento de las universidades fue emitida a instancias del CIN, que recurrió la decisión del Gobierno de no ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto y ratificada en octubre por el Congreso tras el veto del presidente, quien argumentó que la norma atentaba contra el equilibrio fiscal.
Desde la asunción de la actual gestión en diciembre de 2023, las transferencias a las universidades públicas cayeron 45,6 por ciento, según los sindicatos del sector.
La legislación, ratificada por el Congreso ante los intentos del presidente de vetar o de anular su aplicación, establece la reapertura de las negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y para el funcionamiento de las casas superiores de estudios, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (7 millones de dólares).
La aplicación de la ley tiene un costo fiscal estimado del 0,23 por ciento del producto interno bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Según la Universidad de Buenos Aires, la mayor del país, la inversión para la educación superior en 2025 fue la más baja de los últimos 20 años. (Sputnik)
