La noticia de la aparición con vida de Fabiana Muñoz, luego de casi dos días de intensa búsqueda en Neuquén, generó alivio, pero también reabrió un debate incómodo. Fabiana, que padece esquizofrenia y se encontraba sin medicación, fue hallada con signos de deshidratación e hipotermia. Ahora, permanece bajo observación médica.
Más allá del desenlace, el caso volvió a mostrar una realidad que se repite: familias que alertan, sistemas que llegan tarde y episodios que solo toman dimensión pública cuando se vuelven dramáticos o mediáticos.
La crisis que ya no se puede negar
Que la Argentina atraviesa una crisis en materia de salud mental es un diagnóstico compartido por especialistas, funcionarios y organizaciones. Las cifras oficiales muestran un crecimiento sostenido de internaciones y consultas, con un salto marcado tras la pandemia.
Solo en la Ciudad de Buenos Aires, las comunicaciones de internación por motivos de salud mental pasaron de 2.827 en 2020 a 6.479 en 2024. Según el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental, más del 60% de esas internaciones está vinculado a intentos de suicidio o conductas autolesivas.
En la provincia de Buenos Aires, las internaciones casi se duplicaron en cuatro años y las prácticas ambulatorias crecieron más del 140%. El dato más alarmante: el aumento de casos en niños, niñas y adolescentes.
El riesgo de reducir todo a un diagnóstico
Para Jorge Prado (M.N. 55.582), psicólogo y docente de Salud Pública y Salud Mental II en la Facultad de Psicología (UBA), cada vez que un episodio involucra a una persona con padecimiento psíquico reaparece un reflejo social peligroso.
“Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, la Argentina intenta cambiar el paradigma psiquiátrico. Sin embargo, cada vez que un episodio violento involucra a alguien con un padecimiento psíquico, resurgen estigmas históricos: la locura asociada a la peligrosidad y la demanda de respuestas coercitivas”, explica.
El especialista advierte que el foco mediático suele reforzar el miedo antes que abrir un debate profundo sobre derechos y cuidados.
“El diagnóstico, lejos de ser siempre una herramienta de ayuda, muchas veces funciona como una etiqueta que aísla y silencia”, señala.
Una ley que cumple 15 años y una red que no llega
La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010, propuso un cambio de paradigma: menos encierro, más atención comunitaria, internaciones como último recurso y un enfoque interdisciplinario.
En los hechos, esa red —centros de atención primaria, dispositivos comunitarios, acompañamiento domiciliario y apoyo a las familias— sigue siendo insuficiente o directamente inexistente en amplias zonas del país.
Para Prado, el problema no es solo normativo, sino práctico: “Uno de los avances de la ley fue reemplazar el concepto de ‘peligrosidad’ por el de ‘riesgo cierto e inminente’, promoviendo una mirada menos centrada en el encierro. Pero en la práctica, persiste una lógica de control en muchas instituciones y discursos profesionales”.
Cuando la medicación reemplaza a la escucha
El especialista también alerta sobre prácticas que, lejos de cuidar, profundizan el sufrimiento: “Cuando el diagnóstico se convierte en identidad fija y la medicación reemplaza la escucha, se instala una racionalidad punitiva”, afirma.
En ese marco, el padecimiento no solo no mejora, sino que se agrava por el estigma y la falta de acompañamiento real.
Familias solas frente a un sistema fragmentado
Casos como el de Fabiana Muñoz exponen otro punto crítico: la sobrecarga emocional y práctica que recae sobre las familias. Muchas advierten señales de deterioro, piden ayuda y chocan con respuestas fragmentadas, criterios restrictivos o demoras que pueden ser fatales.
“La salud mental no debería sostenerse sobre el control del usuario, sino sobre una red de escucha, comunidad y cuidado”, resume Prado.
Los casos mediáticos conmueven, pero no son excepciones: son síntomas visibles de una crisis estructural. La discusión no debería centrarse solo en endurecer respuestas ante la emergencia, sino en garantizar atención temprana, acompañamiento sostenido y políticas públicas que hagan operativa la ley vigente. Transformar la salud mental no es solo cambiar normas: es cambiar prácticas, miradas y prioridades para que el cuidado llegue antes de que la urgencia se vuelva noticia.
