La Libertad Avanza tendrá su prueba de fuego este miércoles a las 14 cuando abra el recinto de Diputados y busque sancionar los proyectos de Presupuesto 2026, de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal.
La sesión será además una oportunidad para poner a prueba los acuerdos políticos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores provinciales.
Este martes el oficialismo logró el dictamen de mayoría en la reunión de comisión que encabezó Bertie Benegas Lynch.
La aprobación del Presupuesto marcará el fin de las prórrogas por dos años consecutivos del último ejercicio del expresidente Alberto Fernández, sancionado en diciembre de 2022. La iniciativa impulsada por el Gobierno contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1423 para diciembre de 2026, aunque la divisa ya superó ese valor.
La Casa Rosada incorporó en su proyecto un aumento del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17% en salud y del 5% en pensiones. En cuanto a las universidades, se prevé elevar los recursos a 4,8 billones de pesos.
Agregado incómodo en el Presupuesto
El oficialismo incorporó el artículo 75 del proyecto que dispone la derogación de las leyes 27.793 (emergencia en discapacidad) y 27.795 (financiamiento universitario). Esto planteó no solo el rechazo de Unión por la Patria, de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda sino las firmas en disidencias de bancadas aliadas al oficialismo.
Entre las firmas en disidencia parcial en el dictamen de mayoría, se encuentran la de Innovación Federal, bloque liderado por Alberto Arrúa, cuyo integrante en la Comisión de Presupuesto es el exgobernador Oscar Herrera Ahuad.
Desde Unión por la Patria, Eduardo Valdés planteó que las derogaciones a las leyes sancionadas por el Congreso son inconstitucionales ya que, “las leyes de presupuesto no podrán contener disposiciones de carácter permanente ni modificar o derogar leyes vigentes”.
Inocencia Fiscal
Con 44 firmas a favor, La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría en un plenario que llevaron adelante los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, respectivamente.
Durante el plenario, Rodríguez Machado destacó el espíritu de la reforma: “Durante años el contribuyente fue tratado como un sospechoso permanente. Este proyecto pone fin a esa lógica y establece reglas claras donde el Estado debe probar y no perseguir.”
Desde el punto de vista técnico, la iniciativa reorganiza el Régimen Penal Tributario, redefiniendo los criterios para la configuración de los delitos fiscales y priorizando la intervención penal en los casos de evasión relevante, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas, plantea la iniciativa.
En ese sentido, el proyecto introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
Compromiso Nacional
Con el título de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, el Gobierno busca, mediante un proyecto, implementar como norma el déficit cero y evitar la sanción de iniciativas sin fuente de financiamiento. Prevé fuertes penalidades para funcionarios públicos nacionales. El proyecto generó polémicas.
La reforma del Código Penal propone nuevos delitos: prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados. Establece penas de 3 a 10 años para funcionarios del Banco Central, extendiendo la regla fiscal a la totalidad de la Administración Pública.
La diputada Karina Banfi, desde su monobloque Adelante Buenos Aires dijo que, “en principio yo estoy de acuerdo en que haya una cultura de parte de este Congreso a que llevemos adelante proyectos y leyes ajustadas a tener un resultado financiero equilibrado”. Sin embargo, aclaró que la iniciativa, “tiene artículos que son inconstitucionales, se entromete en funciones exclusivas del Congreso; trata de disciplinar desde el Poder Ejecutivo al Congreso”.
En la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro planteó: “Este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad. Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue”, resaltó.
