Cuatro comunidades mapuches de Neuquén, donde se ubica el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país, fueron desalojadas y golpeadas durante una protesta frente a la casa de la Gobernación en la que reclamaban que les fuera reconocida su personería jurídica, garantizada por ley, dijo a la Agencia Sputnik el lonko (jefe) de la comunidad Lof Ragilew, Nelson Cárdenas.
«Nos desalojaron a la fuerza de la peor manera que se pueda imaginar, sin respeto a ningún protocolo», afirmó.
Al menos 21 personas resultaron heridas y fueron detenidas, incluidos dos adolescentes de 13 y 14 años que sufrieron fisuras en las costillas por las patadas y golpes de escopeta que recibieron el domingo, según la agencia Anred.
«Llegaron a apalear a mujeres que terminaron en el suelo, incluidas abuelas y madres adolescentes que fueron golpeadas de manera salvaje. Lo que hicieron fue tremendo», aseveró el dirigente mapuche de Lof Ragilew.
Las comunidades responsabilizaron de la represión al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y a la «mafia petrolera» que trabaja en torno al yacimiento de Vaca Muerta, que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo, al denunciar que la policía que intervino recurrió a balas de goma y gases lacrimógenos.
«Estamos reclamando la personería jurídica que el Gobierno provincial se comprometió a entregar en septiembre, después de una acción que tomamos en los basureros petroleros de Vaca Muerta», contextualizó Cárdenas.
Las comunidades mapuches exigen que su situación jurídica sea regularizada ante el Estado a fin de que sean incluidas en las negociaciones sobre explotaciones petroleras y gasíferas en territorios considerados ancestrales.
El ministro del Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, acudió por entonces al territorio y firmó un acta en la que se comprometió a que en 15 días entregaría la personería jurídica a las cuatro comunidades que encabezan el reclamo: Newen Kura, de la localidad de Rincón de los Sauces; Fvta Xayen, de Tratayén, Añelo; Kelv Kura, de Portezuelo, y Ragilew Cárdenas, de Picún Leufú,
«Hace dos semanas vinimos a la ciudad de Neuquén a consultar sobre esta situación, y nos dijeron que comenzarían a trabajar para la obtención de dos de ellas. Después de 292 días, no hubo ninguna. Entonces decidimos quedarnos en una oficina de la casa de Gobierno y permanecimos durante todo el día», continuó el referente mapuche de Lof Ragilew.
PROMESAS RELEGADAS
Casi al filo de la medianoche de aquella jornada, las comunidades levantaron su protesta bajo la promesa del ministro de Gobierno de que en ocho días más acudiría al territorio para entregar la personería jurídica.
Tobares cumplió con su visita, pero no entregó la documentación prometida, y solicitó a las comunidades mapuches que esperasen 15 días más para recibir la personería.
«Después de 300 días, dijeron que empezarían a trabajar para entregar la personería jurídica solo a una comunidad, cuando tenían que definir cuatro. Entonces decidimos encadenarnos en la entrada de la casa de Gobierno», relató Cárdenas.
Esa protesta, que comenzó el pasado martes 17 de julio, se realizó sin obstaculizar el acceso a la sede provincial, aseguró el dirigente mapuche.
«Estuvimos de manera pacífica encadenados a la baranda de una escalinata frente a la Casa de Gobierno sin impedir el paso a nadie, sin siquiera obstruir una rampa de discapacitados», afirmó Cárdenas.
Tras presentar un pedido de información pública que no tuvo réplica, la Confederación Mapuche de Newken (Neuquén) presentó ese mismo día una denuncia penal contra la petrolera estatal YPF por contaminación ambiental.
«El ministro dijo que los trámites no estaban cumplidos, pero no es cierto, pues tenemos la documentación que dice desde la Dirección de Personería Jurídica que el trámite está cumplido y que pasa a la órbita del gobernador para que genere el decreto y firme».
La Agencia Sputnik accedió a un acta de acuerdo suscrito por la gobernación neuquina el 2 de julio en el que reconocían que las comunidades mapuches habían cumplido los requisitos requeridos para el registro de personería jurídica y que reclamaban el cumplimiento de un acta anterior suscrita el 17 de septiembre de 2024.
Las comunidades mapuches asientan su reclamo en los derechos vigentes del pueblo constitucionalmente reconocidos por la Constitución nacional y provincial que fueron ratificados por la Corte Suprema, y que indican que las personerías jurídicas de las comunidades deben de ser registradas por el Estado.
Las autoridades mapuches niegan que la instancias de diálogo se hubieran agotado, como afirma la gobernación de Rolando Figueroa.
«Lo último que se esperaba era la mediación del obispo, con el que habían pactado una reunión para este mismo lunes», reveló Cárdenas.
Tras la represión y la detención de representantes mapuches en la mañana del domingo, todos ellos fueron liberados «y se terminó la medida de fuerza de la peor manera posible», constató el referente de la comunidad Lof Ragilew.
Los dirigentes mapuches de Neuquén permanecen reunidos por estas horas para evaluar cómo seguirán en esta instancia.
A través de un decreto de necesidad y urgencia publicado el 10 de diciembre, el Gobierno argentino de Javier Milei derogó la prórroga de la Ley nº 26.160, que declaraba la emergencia territorial indígena y suspendía la ejecución de sentencias que ordenaran la desocupación de sus terrenos.
La normativa, sancionada a finales de 2006 por un plazo de cuatro años y prorrogada en 2009, 2013, 2017 y 2021, también exhortaba a organizar un relevamiento catastral y jurídico de las tierras ocupadas por poblaciones originarias. (Sputnik)
