La disolución de Vialidad Nacional anunciada por el Gobierno de Javier Milei generó una ola de repudios desde distintos sectores. En diálogo con ABC Radio , el secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, advirtió que la medida forma parte de un “proceso planificado para destruir la obra pública y transferir el negocio de las rutas a manos privadas”.
“Romper Vialidad es romper uno de los organismos más federales. Es romper el federalismo”, sentenció Catanzaro. El dirigente aseguró que los trabajadores viales ya venían en alerta desde febrero, cuando se les anticipó una reestructuración con despidos que alcanzaban el 30% del personal.
“Este decreto viene a cerrar ese proceso de obra pública cero que inició este gobierno. No sólo pararon las obras, también frenaron el mantenimiento. Y cuando no mantenés las rutas por un año, podés perder hasta cinco años de vida útil del pavimento”, explicó.
Catanzaro también denunció un desfinanciamiento deliberado, con una retención ilegal de fondos que, según detalló, asciende a 500 millones de dólares del impuesto a los combustibles. “Esos fondos eran para las rutas. Hoy el 70% de la red vial nacional está en estado regular o malo”, agregó.
Sobre el impacto en la Patagonia, el gremialista subrayó: “Los trabajadores de los campamentos están sosteniendo el Operativo Invierno como pueden, sin viáticos y con sueldos congelados. Si dejamos de mantener las rutas, muchas localidades pueden quedar aisladas”.
En relación al futuro, Catanzaro indicó que el gremio está en asamblea permanente y lleva adelante acciones legales, gestiones ante legisladores y reuniones con gobernadores. Además, no descartó medidas más duras: “Si no hay respuesta, nos veremos obligados a avanzar con paros o incluso la suspensión de tareas críticas”.
Finalmente, criticó el plan de concesión de rutas con peajes que anunció el vocero presidencial Adorni: “Quieren privatizar 9.000 km rentables, sobre una red de 42.000. Para presentarse a las licitaciones no hace falta experiencia, ni personal, ni equipos. Sólo un aval bancario. Es un modelo pensado para que se lleven todo y no inviertan nada”.
Catanzaro concluyó: “Hoy la respuesta del gobierno al reclamo social, de los trabajadores y los gobernadores es cerrar el organismo que debía resolver los problemas. Esto no es eficiencia, es desmantelamiento”.
