Representantes del sistema universitario argentino anunciaron este lunes la realización de una marcha federal en defensa de la educación pública y en rechazo al desfinanciamiento por parte del Gobierno que ha impactado en el funcionamiento de las casas superiores de estudio.
«El jueves 26, (haremos) una manifestación federal en todas las ciudades donde hay universidades públicas, con distintas actividades bajo una misma bandera: defensa de la universidad publica, del sistema científico y de la educación en general», anunció el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, durante una conferencia de prensa.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina, organismo que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas nacionales del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales, confirmó esta medida junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reúne a los seis sindicatos docentes y no docentes universitarios del país, y con la Federación Universitaria Argentina (FUA), el gremio más representativo del alumnado.
El sector universitario, que también anunció una huelga nacional de 48 horas este jueves y viernes, se movilizará este jueves en la capital argentina a la Secretaría de Educación, en una profundización del plan de lucha que se llevará adelante a lo largo de esta semana.
Sin una Ley de Presupuesto que haya sido aprobada en el Congreso, y con la prórroga de esta norma desde 2023, pese a que se acumuló desde entonces una inflación de 209 por ciento, los referentes universitarios reclamaron la aprobación de un proyecto de ley de Financiamiento Universitario presentado hace unos días ante el Congreso.
En defensa de esta normativa, los representantes universitarios se propusieron reunir más de un millón de firmas en defensa de este proyecto de ley, que pretende «dar una respuesta de fondo al problema del presupuesto universitario», explicó el vicepresidente del CIN.
Los dirigentes universitarios también convocarán en cada provincia a los legisladores nacionales para alentar la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.
Se trata de establecer «qué lugar le asigna, no el Gobierno, sino la sociedad argentina, a la educación pública, a la educación superior y a la ciencia de la nación», resumió el vicepresidente del Consejo Interuniversitario.
Al explicar el escenario que enfrenta la comunidad universitaria, el presidente del CIN, Óscar Alpa, destacó la pérdida nominal de un tercio del salario docente y no docente desde 2023, año en que asumió la actual gestión, pese a que en 2024 los ingresos tributarios superaron la inflación y hubieran podido compensar esa pérdida salarial.
Las autoridades también responsabilizaron al Gobierno de la degradación del sistema de becas nacionales y del desmantelamiento del sistema científico argentino, «que tiene sus bases físicas en las universidades públicas argentinas», destacó el titular del CIN.
La falta de fondos y de actualización de los gastos de funcionamiento también ha impactado sobre el presupuesto del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), considerada la institución científica más prestigiosa de América Latina.
La comunidad universitaria convocó el año pasado dos marchas federales para denunciar el desfinanciamiento de las casas superiores de estudio por parte de la actual gestión, que asumió en diciembre de 2023.
En 2024, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario sancionada por las dos cámaras del Congreso que garantizaba el presupuesto para aquel año y que implicaba una inversión del 0,14 por ciento del producto interior bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso. (Sputnik)
