Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, fue liberado en la madrugada del domingo 8 de junio tras haber sido detenido durante más de doce horas por participar de la toma del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón. El edificio, ubicado en Austria 2601 del barrio porteño de Recoleta, fue recientemente disuelto por decisión del Gobierno nacional.
El operativo policial se desató el sábado por la tarde cuando cerca de 50 personas ingresaron al lugar a través del restaurante “Un café con Perón”. Según el reporte oficial, los manifestantes violentaron una puerta, retuvieron a agentes de la Policía Federal y desplegaron banderas desde los balcones con consignas como “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.
Al ser liberado, Grabois denunció que su detención fue “ilegal” y calificó de “perversa” a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Fue una permanencia pacífica para reclamar el derecho a la memoria histórica”, afirmó el dirigente, quien también criticó duramente el estado de las comisarías: “Son oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Todo es manual. Cuando sea presidente, eso va a cambiar”.
Desde el Gobierno, Bullrich celebró el accionar policial y aseguró que se trató de “una usurpación violenta”, mientras que el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Rolle, informó que hubo cuatro policías lesionados y daños materiales en el edificio. También sostuvo que algunos efectivos fueron retenidos “contra su voluntad”.
Durante la noche del sábado, decenas de manifestantes se concentraron frente a la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Riachuelo, para exigir la liberación de los detenidos. Entre ellos, estuvieron los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho y Horacio Pietragalla, el senador Federico Fagioli y otros referentes políticos y sociales.
El Partido Justicialista Nacional repudió la detención y expresó: “Fueron arrestados por defender el patrimonio de los peronistas. Fue una detención ilegal, sin orden judicial”.
El Instituto Perón fue cerrado oficialmente el pasado 7 de mayo. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, representaba “una carga presupuestaria injustificada”, con más de 400 millones de pesos anuales y sin investigaciones en curso. El Gobierno anunció que el espacio será reconvertido en una biblioteca para personas con discapacidad y que el restaurante será destinado a jóvenes neurodivergentes.
