La jueza de garantías Eve Ponce abrió la investigación penal en contra de Alfredo Prior por los presuntos delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Prior fue titular del Instituto de Seguridad Social y Seguros y la investigación que se abre en su contra está relacionada con trabajos de construcción y remodelación de la sede de esa obra social en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El pedido de abrir la investigación fue realizado por el fiscal general Omar Rodríguez, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública que describió las presuntas irregularidades relacionadas con el alquiler, usos y remodelaciones en las instalaciones del Sindicato de Personal Jerárquico Municipal de Comodoro Rivadavia para el personal en esa ciudad de la obra social provincial.
La denuncia fue realizada por el contador Rodrigo San Martín, ex interventor en esa obra social. Prior es asistido legalmente por el defensor particular Fabián Gabalachis. Los presuntos hechos irregulares están vinculados con la relación que Prior tenía con el Sindicato de Jerárquicos Municipales -del que formaba parte- antes de acceder al Directorio y la presidencia de la obra social provincial.
“En conclusión, Prior siendo Presidente del lSSyS se aprovechó de dichas circunstancias para utilizar los dineros del organismo que administraba en beneficio del Sindicato del cual era parte, en función del cargo que ocupaba en el mismo y su relación, además como director de obra del edificio de propiedad de Asociación de Personal Jerárquico de la Municipalidad (de Comodoro Rivadavia)”, indica el texto al momento de describir los hechos que ahora se comienzan a investigar”.
En la audiencia realizada este viernes en la Oficina Judicial de Rawson, Prior pidió hacer uso de la palabra, dio cuenta de su versión acerca de cómo se fueron desencadenando los hechos, las necesidades de la sede transitoria de la Delegación de SEROS de Comodoro Rivadavia, como se adoptaban las decisiones por parte de las autoridades de ese Instituto, la participación de los asesores legales y contables, entre otros aspectos y detalles que expresó ante preguntas de su defensor particular y también del fiscal general Rodríguez. Afirmó que “nunca tuvo interés en beneficiar al sindicato de personal jerárquico municipal”.
Por su parte Rodríguez, además de describir en detalle el presunto hecho ilegal, dio cuenta de las pesquisas previas realizadas, entrevistas que se tomaron a autoridades elegidas y profesionales contables de la Obra Social, proveedores de materiales de la construcción, técnicos, profesionales y peritos en materia de obras civiles, entre otros aspectos que justificaron legalmente el pedido a la jueza Ponce respecto de la apertura de investigación.
El plazo de la investigación abierta es legal de seis meses. El abogado Gabalachis no se opuso al pedido de apertura de investigación formulado por el fiscal Rodríguez, que en la audiencia fue acompañado por el fiscal general Lucas Papini.
