Este miércoles por la mañana se concretó la audiencia pública por el fraude con viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV).
Son aproximadamente más de 600 las personas damnificadas por el fraude multimillonario encabezado por Vanesa Fita. Hoy se abrirá formalmente la investigación contra un grupo de cinco mujeres acusadas por el delito de estafa, con un monto que supera los 59 millones de pesos. El caso se originó en febrero de 2024, cuando comenzaron a recibir denuncias de personas que habían sido víctimas de un fraude.
«El día 8 de febrero de 2024 tuvimos una reunión con Vanesa Fita en un salón de fiestas, donde nos informa que tenía una denuncia realizada por gente que no quería seguir esperando la casa y que tuviéramos paciencia. Ese día termino de darme cuenta que no era como decían. Sabemos que el IPV tiene casas que entregan al poder político, activan su expediente y entregan la casa» explicó Amelia Ferioli, una de las damnificadas.
«Ella ponía el nombre de la familia Fita y decía que Gustavo estaba al tanto de todo. Él no estuvo en ninguna reunión» aseguró.
Ferioli agregó que mantuvo diálogo con el diputado provincial Gustavo Fita, hermano de la mujer acusada. «Cuando hablo con él, me dijo que no tenía nada que ver y que su hermana era una desquiciada, que siempre hacia cosas fuera de la ley». Asimismo, Amelia se contactó con el senador nacional Carlos Linares y el funcionario aseguró que «la familia Fita era intachable».
La damnificada detalló que se dieron cuenta de la magnitud de personas afectadas este mismo lunes, en una charla con una de las acusadas, Victoria Curán, la cual mencionaba que el plan de viviendas contaba con 800 casas disponibles para entregar.
«Victoria me decía que las casas estaban y ahí empecé a recabar información. Cuando se destapa todo con el allanamiento de la casa de Vanesa Fita y la de Mansilla, comienzo a hablar con el fiscal y me dijeron que el martes nos esperaban a todos en el concejo deliberante. Ahí se certificó que eran más de 600 los damnificados y fue una estafa multimillonaria«.
La investigación, a cargo del fiscal Martín Cárcamo, recolectó una gran cantidad de pruebas que vinculan a las acusadas con la estafa. El modus operandi de la estafa incluía contactos por WhatsApp, en los que se solicitaba el pago de 100.000 pesos para obtener una vivienda del IPV. «El monto entregado era de 100 mil pesos: 80 mil era para la persona Macarena del IPV, que no existe, para que active los expedientes; y los 20 mil eran para entregar a la Cooperativa y Camuzzi, porque ya estaba conectado el servicio» detalló Ferioli.
«El problema está en haber utilizado el apellido para esta estafa, porque estafó más de 600 personas. Hay más de 300 denuncias, la gente se fue cayendo en el camino. Hubo gente que entregó plata en mano en vez de hacer transferencia. Los que la hicimos tenemos como corroborarlo, la otra gente no» manifestó.
Por último, la víctima del fraude comentó como les habían explicado el proceso de entrega de la vivienda, que nunca ocurrió. «Nos explicaron que ni bien se nos entregaba la llave, nos llegaba con el talonario para empezar a pagar nuestra vivienda. La íbamos a pagar, como cualquier persona que recibe una casa del IPV, estábamos esperando ansiosos ese talonario y esa llave que nunca llegaba» concluyó.
