(Ana Delicado Palacios)Las entidades argentinas de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) presentaron un amparo preventivo ante la justicia para asegurarse de que los represores de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) condenados por delitos de lesa humanidad no puedan ser indultados por el Gobierno que preside Javier Milei.
«La CPM decidió firmar esta presentación que es de carácter preventivo, es una especia de tutela preventiva que solicitamos a la justicia para impedir la firma de esas desquiciadas determinaciones», informó este viernes en exclusiva a la Agencia Sputnik la presidenta de la institución, Dora Barrancos.
La presentación judicial, que firma también el otro presidente de la CPM, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Equivel, reclama que se reconozca que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio tienen un carácter «imprescriptible e insusceptible de la concesión de beneficios como la amnistía, indulto o conmutación de penas».
El escrito, de seis páginas, también es rubricado por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto con el constitucionalista Jorge Cholvis y el exjuez Carlos Rozanski, ante la proximidad del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que conmemora el golpe de Estado de 1976 de la dictadura.
La solicitud de amparo obedece a que «durante los últimos días, arreciaron las versiones de la posibilidad de una determinación que sería escandalosa, acerca de indultos por parte del presidente de la nación a los genocidas que cumplen prisión», explicó Barrancos.
La socióloga e investigadora observó que los represores del terrorismo de Estado sobre los que pesa una pena de prisión fueron juzgados y condenados «de acuerdo a los fallos habidos en una enorme cantidad de juicios por su comportamiento, configurando delitos de lesa humanidad».
Ante el temor de que el Poder Ejecutivo pudiera promover algún indulto, un grupo de abogados recurrió a la Comisión Provincial de la Memoria, «que es un organismo de derechos humanos de enorme significación en la provincia de Buenos Aires y que presidimos junto con Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel», contextualizó Barrancos.
La Cámara Federal de Casación rechazó en la víspera la solicitud de prisión domiciliaria que realizó un represor, Bernardo Caballero, condenado a 20 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
En su sentencia, el máximo tribunal penal del país advirtió además sobre «el impedimento estructural jurídico que se tiene con relación a indultar, morigerar las sentencias que tienen que ver con delitos de lesa humanidad», recordó la presidenta de la CPM.
«En concordancia, fue oportuno realizar este acto que está refrendado en lo que dice Casación y en lo que sabe cualquier constitucionalista en nuestro país: los crímenes de lesa humanidad, por circunstancias generales que tienen que ver con la jurisprudencia planetaria, nuestras convenciones y tratados, y nuestra propia arquitectura legal, no se puede indultar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad», abundó.
A tres días de la multitudinaria marcha que conmemorará el 48º aniversario del golpe de Estado en el país, Barrancos consideró interesante que, por medio de la solicitud de tutela preventiva, se pueda refrendar «todos esos contenidos inhibitorios de la posibilidad de una inconducta tan grave por parte del primer magistrado» que decidimos presentar.
CONDENAS Y JUICIOS
La justicia argentina ha dictado 321 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde que comenzaran los primeros juicios orales en 2006 contra los represores de la dictadura tras la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que hasta entonces les había otorgado impunidad.
De acuerdo a esas sentencias, 1.176 personas fueron condenadas y otras 183 resultaron absueltas, según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En la actualidad, hay 17 juicios en curso, y otras 62 causas se encuentran en proceso de ser elevadas a juicio, según informó este viernes este organismo que depende del Ministerio Público Fiscal.
El 18 por ciento de las personas investigadas por crímenes imprescriptibles (661) se encuentran detenidas, frente a otro 41 por ciento que falleció durante el proceso (1.559), un 40 por ciento que se halla libre (1.491) y un uno por ciento que se encuentra prófugo (36).
Entre quienes se encuentran privados de libertad, el 34 por ciento (508) está en prisión domiciliaria y el 6 por ciento (91) permanece en dependencias penitenciarias federales o provinciales.
Otro cuatro por ciento (61) se aloja en la guarnición militar Campo de Mayo, una base del Ejército argentino situada en la provincia de Buenos Aires (este) donde funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención durante la dictadura.
El Gobierno que preside Javier Milei niega que la dictadura cívico-militar causara 30.000 desaparecidos y rechaza que hubiera un plan sistemático de exterminio durante el terrorismo de Estado, al afirmar que lo que hubo fue una «guerra» en la que se cometieron «excesos».
La vicepresidenta del Ejecutivo, Victoria Villarruel, es abogada y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, a través del cual defendió a militares acusados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
Este domingo miles de personas saldrán a las calles para recordar a las víctimas de la Junta Militar que sembró el terror durante los siete años y medio que gobernó el país y para reafirmar la consigna «Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia, siempre». (Sputnik)
