A más de dos décadas de la desaparición de Iván Torres, la Justicia federal ordenó una nueva medida que vuelve a poner el caso en el centro de la agenda judicial y social de Comodoro Rivadavia.
Este lunes 11 de mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzará con la exhumación de tumbas identificadas como NN en el Cementerio Oeste, en el marco de una diligencia que podría aportar nuevos elementos a una de las causas de desaparición forzada más emblemáticas de la Patagonia.
La medida fue impulsada por el juez federal subrogante de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, quien participará del procedimiento junto al secretario penal Lautaro Mazzoletti. La intervención del EAAF forma parte de una nueva etapa de medidas de prueba ordenadas dentro del expediente que investiga la desaparición del joven comodorense de 26 años, visto por última vez en la madrugada del 3 de octubre de 2003.
La expectativa sobre estas excavaciones es alta. Si bien no existen certezas sobre los resultados, la exhumación de restos sin identificar aparece como una vía concreta para intentar avanzar en una investigación que, pese al paso del tiempo y a las condenas ya dictadas, todavía no logró establecer qué ocurrió finalmente con el cuerpo de Iván Torres.
En paralelo, el Equipo Argentino de Antropología Forense reiteró el pedido para que familiares de personas desaparecidas entre 1983 y la actualidad puedan aportar muestras de sangre al banco nacional de ADN, un paso considerado clave para futuras comparaciones genéticas que permitan identificar restos.
La desaparición de Iván Torres
La reconstrucción judicial determinó que Iván Torres desapareció luego de haber sido interceptado por un móvil policial de la Seccional Primera en inmediaciones de un local bailable de Comodoro Rivadavia.
Con el avance de la investigación surgieron pruebas que permitieron sostener que fue trasladado a la dependencia policial, aunque los registros oficiales habrían sido alterados posteriormente para negar su ingreso.
Uno de los testimonios más importantes fue el de Miguel Ángel Sánchez, quien aseguró haber compartido detención con Iván durante esos días. También resultó clave la declaración de David Alberto Hayes, quien relató haber visto cómo varios policías golpeaban brutalmente a Torres hasta dejarlo inconsciente, para luego retirarlo “a la rastra” de la comisaría.
Ese testimonio reforzó la hipótesis judicial de que Iván fue torturado dentro de la dependencia policial y que esas agresiones pudieron derivar en su muerte y en el posterior ocultamiento del cuerpo.
El caso se agravó aún más en enero de 2005, cuando Hayes fue asesinado dentro de la Alcaidía, apenas una semana después de que sus abogados solicitaran medidas cautelares para protegerlo tras denunciar amenazas.
Condena internacional y juicios
La gravedad institucional del caso motivó que en agosto de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres.
En esa sentencia, el tribunal concluyó que se violaron derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física, la vida y las garantías judiciales, y ordenó profundizar la búsqueda e investigar a todos los responsables.
A partir de ese antecedente, Argentina incorporó formalmente al Código Penal la figura de desaparición forzada de persona.
La causa ya tuvo dos juicios orales. En 2016 fueron condenados Fabián Alcides Tillería y Marcelo Alberto Chemin, mientras que en 2021 también recibieron penas Pablo Miguel Ruiz y Mario Alberto Gómez. Sin embargo, todavía permanece pendiente un tercer juicio oral contra otros efectivos policiales.
Mientras tanto, la investigación continuó atravesada por demoras, recusaciones y nuevos planteos judiciales. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó recientemente a 15 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita conocer el paradero de Iván Torres.
