En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina difundió un documento en el que convoca a una reflexión profunda sobre el rol del Poder Judicial durante la última dictadura.
En el texto, el espacio advierte que el golpe significó la ruptura del orden democrático y constitucional, y plantea la necesidad de revisar críticamente las acciones y omisiones de la Justicia en uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.
“El 24 de marzo de 1976 significó la interrupción del orden democrático”, señala el documento, que además remarca que el sistema judicial no puede ser indiferente frente a hechos de esa magnitud.
Una revisión necesaria para fortalecer la democracia
Desde la Red sostienen que reconocer lo ocurrido es una condición indispensable para fortalecer el Estado de Derecho, reafirmar el compromiso con la Constitución Nacional y consolidar políticas institucionales que garanticen la no repetición.
En ese sentido, subrayan la importancia de construir una cultura judicial centrada en los derechos humanos, con una mirada más exigente sobre el rol de la magistratura.
Principios que orientan la función judicial
El documento también reafirma tres ejes fundamentales que deben guiar la actuación del Poder Judicial:
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Independencia judicial, con autonomía frente a presiones políticas o corporativas
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Control de razonabilidad, para garantizar la legalidad de los actos estatales
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Control de convencionalidad, asegurando que las normas se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos
Asimismo, advierten que cuando la Justicia no cumple su rol de control, se debilita su función como límite frente al poder arbitrario.
Compromiso con la memoria y el futuro
Finalmente, la Red de Juezas y Jueces Penales reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y sostuvo que la memoria institucional no solo implica recordar el pasado, sino también asumir responsabilidades hacia el futuro.
“El Poder Judicial debe actuar siempre como garante de las libertades públicas”, concluye el documento difundido en marzo de 2026.
