La Fundación Argentina Azul presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, norma que eliminó las restricciones establecidas por la Ley 26.737 sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.
La organización argumentó que la derogación de esa legislación dejó sin efecto los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, incluyendo la prohibición de transferir predios que contengan cuerpos de agua considerados estratégicos.
Como parte de la demanda, la entidad solicitó una medida cautelar de no innovar para impedir nuevas operaciones de compraventa mientras se desarrolla el proceso judicial. El planteo se apoya en la existencia de 47 operaciones registradas durante 2026 en Catamarca, vinculadas a terrenos ubicados en las zonas del Salar del Hombre Muerto y Laguna Blanca.
Según la presentación, esas transacciones habrían sido realizadas sin estudios de impacto ambiental, por lo que se reclama una intervención urgente para evitar que continúen concretándose nuevas transferencias.
Además, la fundación pidió que se adopte una medida interina antes de la sesión prevista en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, donde se debatirá el DNU 70/2023.
Entre los argumentos expuestos ante la Justicia figuran la protección del derecho humano al agua, el principio de no regresión ambiental y la defensa de la soberanía popular. También se cuestiona que modificaciones vinculadas al régimen de tierras continúen vigentes mediante un decreto, pese a no haber logrado respaldo legislativo durante el tratamiento de la denominada ley de bases.
El amparo también extiende los cuestionamientos al mecanismo de control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. En ese sentido, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 26.122 al considerar que permite la continuidad de un DNU sin la aprobación expresa de ambas cámaras del Congreso.
Desde la Fundación Argentina Azul señalaron que el objetivo de la acción es proteger recursos estratégicos del país, entre ellos el Mar Argentino, los humedales, los acuíferos y las reservas de agua dulce, para garantizar su preservación para las futuras generaciones.
