Choferes de aplicaciones de transporte como Uber y DiDi se presentaron en el Concejo Deliberante para exigir modificaciones al proyecto que busca regular la actividad en Puerto Madryn. El punto más cuestionado es la antigüedad máxima de los vehículos, que pretende fijarse en 10 años, dejando fuera a gran parte de los trabajadores que dependen de este ingreso.
La conductora Pamela Pávez explicó que el sector inició acciones judiciales para frenar los controles municipales, aunque el amparo aún no obtuvo medidas cautelares. También señaló que debieron presentar actas de autos secuestrados en la terminal y en la zona portuaria como prueba de la urgencia del reclamo.
Los choferes remarcaron que la situación económica les impide renovar unidades y pidieron una prórroga para quienes ya trabajan en la ciudad. “Si hay un pedido de una antigüedad de 10 años o menor, también se dará una prórroga, sobre todo a la gente que ya está trabajando hace tiempo en la ciudad”, reclamó Pávez.
El debate también expuso diferencias entre las plataformas: mientras Uber exige certificado de antecedentes penales, DiDi no solicita documentación contundente, lo que genera estándares desiguales en la habilitación de choferes.
La discusión se da en un contexto de migración de taxistas y remiseros hacia el sistema de aplicaciones, buscando mejores ingresos frente a la pérdida de poder adquisitivo.
