A tres meses de la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, la vigencia de la Ley 27.804 ya provocó una movilización civil sin precedentes y la presentación de amparos y medidas cautelares en tribunales federales, una en particular de urgencia por el avance minero sobre un glaciar protegido.
Una campaña iniciada por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas al día siguiente de la aprobación de la reforma reunió aproximadamente 850.000 firmas de todo el país en menos de dos semanas.
A la demanda colectiva, presentada el 5 de mayo, se han sumado figuras clave como Marta Maffei, autora de la ley original, junto a numerosas organizaciones territoriales como la Asamblea Jáchal no se Toca y la Asamblea Popular por el Agua y entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El bloque actor solicitó una primera medida cautelar para suspender de inmediato los efectos de la reforma en todo el territorio nacional y mantener vigente la anterior Ley 26.639.
De acuerdo a Greenpeace, la modificación aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de abril mediante el Decreto 271/2026, alteró sustancialmente la protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
“La ley original protegía de manera amplia y preventiva a todos los glaciares y al ambiente periglacial. Con esta reforma, esa protección queda condicionada a que se demuestre que cumplen funciones hídricas relevantes y se abre la posibilidad de que las provincias pidan retirar geoformas del Inventario Nacional buscando dejarlas fuera de la protección de la ley.”, sostiene Agostina Rossi Serra, Licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
El caso testigo: Proyecto Vicuña y el Glaciar GE110 de San Juan
El reclamo judicial se intensificó tras la incorporación, el pasado 16 de junio, del proyecto minero de cobre, oro y plata «Vicuña», San Juan, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Impulsado por las empresas BHP y Lundin, el proyecto prevé realizar un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas dentro de un área que alberga al Glaciar de Escombros GE110, un cuerpo actualmente protegido e incluido en el Inventario Nacional de Glaciares.
Greenpeace ya había documentado mediante un sobrevuelo en febrero que existían intervenciones visibles de la minería en zonas que estaban protegidas por la ley original. Ante el riesgo inminente de que la provincia de San Juan o el IANIGLA utilicen las nuevas facultades de la reforma para retirar al glaciar GE110 del Inventario y avanzar con las operaciones bajo los beneficios del RIGI, las organizaciones interpusieron una segunda medida cautelar específica el 23 de junio.
“A tres meses de la aprobación de la reforma, y con proyectos mineros impulsados por el RIGI, nuestras reservas estratégicas de agua están cada vez más expuestas. La Justicia tiene que resolver con urgencia las causas en trámite para evitar que se avance sobre estos ambientes antes de que el daño sea irreversible”, agrega Rossi Serra.
