El gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires , Axel Kicillof, rechazó por parcial e injustificado el fallo emitido hace un año por la Corte Suprema que confirmó una pena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a seis años de prisión y que además la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos.
«Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real», sostuvo este miércoles el mandatario provincial en las redes sociales.
El dirigente peronista, alejado en la actualidad de la expresidenta, insistió en que Fernández «fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: «no podía no saber».
Quien fuera ministro de Economía durante parte del segundo mandato de la exjefa de Estado aseguró que la justicia también persigue a su familia y que contribuyen a «un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió», en alusión al intento de magnicidio del que fue víctima la exmandataria el 1 de septiembre de 2022.
«A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia», cuestionó Kicillof en el primer aniversario de la sentencia dictada por el máximo tribunal del país.
El gobernador de la mayor provincia del país, donde vive el 37 por ciento de la población a nivel nacional, afirmó también que «los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos».
Tras esa correlación que estableció entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, el referente peronista manifestó que el presidente, Javier Milei, «alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales» de la democracia.
Kicillof, que defendió la inocencia de la también ex vicepresidenta (2019-2023) y aseguró que continúa «injustamente detenida», abogó por hacer frente a las injusticias, ante los intentos de disciplinamiento de la población, con una defensa de la democracia y dado el derecho del pueblo a vivir con dignidad en un país más justo.
Diputados y senadores peronistas brindan este miércoles una conferencia de prensa para denunciar lo que consideran una condena injusta y para cuestionar también las condiciones de detención de la expresidenta, que debe llevar un dispositivo electrónico de vigilancia y tiene limitadas las visitas.
El fallo de la Corte Suprema de hace un año ratificó una sentencia dictada en primera instancia en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal nº 2, en el marco de una causa llamada vialidad, que dio por probado el direccionamiento de obras públicas durante su gestión en la provincia de Santa Cruz.
Fernández, que cumple su pena en prisión domiciliaria desde el 20 de junio de 2025, afronta en la actualidad otro juicio oral por una causa denominada «cuadernos» en la que está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, a través de la cual cobraba supuestamente sobornos a empresarios de la construcción, energía y transporte que obtenían después contratos estatales. (Sputnik)
