Momentos de extrema tensión y violencia se vivieron este martes en la sede de Supervisión de Escuelas de Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia, durante la segunda jornada del paro de 72 horas impulsado por gremios estatales y docentes en reclamo de mejoras salariales.
En medio de los incidentes registrados tras la intervención policial, la dirigente sindical Verónica Rosales realizó un fuerte pedido a los manifestantes para intentar descomprimir la situación y evitar nuevos hechos de violencia.
“Compañeros, quédense tranquilos, estamos bien. Necesito que ustedes también estén tranquilos”, expresó ante los presentes.
La protesta se desarrollaba frente al edificio de Supervisión de Escuelas, donde los trabajadores buscaban entregar un petitorio. Sin embargo, la situación escaló luego de la presencia de efectivos policiales, incluyendo divisiones especiales y personal de canes.
Según denunciaron los manifestantes, durante el operativo se utilizó gas para dispersar a quienes se encontraban en el lugar.
En ese contexto, Rosales insistió en que la prioridad era preservar la integridad física de los trabajadores y permitir el traslado de las personas involucradas sin mayores incidentes.
“No quiero que golpeen más a nadie. Nosotros estamos bien. Seguramente ahora va a haber un proceso, pero donde estemos después vayan a acompañar si quieren”, manifestó.
La dirigente también advirtió que la permanencia de personas bloqueando la salida podía derivar en una intervención aún más fuerte de las fuerzas de seguridad.
“Necesitamos que nos trasladen y no quiero ningún compañero lastimado. Va a venir la Policía si ustedes no salen y no nos pueden trasladar”, sostuvo.
Finalmente, apeló a la calma y pidió despejar el ingreso para evitar que continuaran las agresiones.
“Por favor, les pido, es mi palabra. Necesito que se retiren de la puerta para que nos puedan trasladar y después veremos cómo seguimos. Pero no quiero ningún compañero lastimado más”, concluyó.
El conflicto se da en el marco de un paro de 72 horas convocado por la ATE, pese a que las autoridades provinciales habían dictado la conciliación obligatoria para intentar frenar la medida de fuerza.
