La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia «revocó el freno judicial a la reforma de la Ley de Glaciares», informaron fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.
El tribunal de alzada rechazó así el recurso dictado por el Juzgado Federal de Río Gallegos, que había suspendido la aplicación de de la ley sancionada y promulgada en abril, llamada Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, a partir de un pedido de inconstitucionalidad presentado por autoridades y legisladores locales.
Según sostuvo la Cámara de Apelaciones, el fallo original carecía de fundamentos suficientes y se basó en hipótesis y riesgos eventuales sin demostrar que existiera un peligro concreto e inminente para el ambiente.
«La sentencia se construye exclusivamente dentro del campo de lo potencial», consideró el tribunal de alzada.
El juzgado de primera instancia había ordenado al Estado que se abstuviera de aplicar la nueva normativa en Santa Cruz, una de las provincias patagónicas, hasta que hubiera una sentencia definitiva, pero la Cámara revocó esta decisión hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Más de 850.000 personas respaldaron un amparo colectivo presentado a principios de mayo ante un juzgado federal de la provincia argentina de La Pampa (centro) para plantear la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares promulgada por el Gobierno.
El amparo judicial, impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace (organización considerada indeseable en Rusia), intenta proteger los glaciares del territorio, que alimentan el 40 por ciento de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de siete millones de personas.
Esta acción judicial representa «la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua», según las entidades ambientales.
La norma que ahora recupera su vigencia empodera a las provincias para definir qué cuerpos de agua pueden ser resguardados y cuáles no, siempre que ello sea avalado por estudios técnicos.
En consecuencia, queda debilitado el inventario contemplado en la anterior Ley de Protección de Glaciares (de 2010), al asumir que deben ser incluidas sólo masas de hielo que «cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Antes de convertirse en ley, el proyecto fue denunciado ante el Parlamento Europeo por cinco instituciones ambientales, que advirtieron que la iniciativa podría ser incompatible con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
Doce de las 24 jurisdicciones de Argentina tienen glaciares en su territorio.
En el país existen 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie se extiende por 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces la ciudad de Buenos Aires, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología. (Sputnik)
