La Agencia Sputnik pudo corroborar que para esta jornada fueron autorizados a participar 192 oradores, según el listado provisto por fuentes de la Cámara de Diputados.
Las audiencias comenzaron con denuncias sobre la limitación de las exposiciones previstas para participar en este espacio, que aborda la propuesta del oficialismo de flexibilizar la Ley de Glaciares para que se activen proyectos de explotación minera en zonas periglaciares, donde se encuentran estas masas de agua.
El gobernante La Libertad Avanza (ultraderecha) decidió celebrar solo dos jornadas con la participación de 400 ciudadanos, decisión avalada por la justicia la semana pasada.
Cada participante cuenta con cinco minutos para disertar ante un plenario de comisiones sobre la reforma que promueve el oficialismo, que recibió media sanción en el Senado el 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolaś Mayoraz, pertenecen ambos al partido gobernante que lidera el presidente, Javier Milei.
ALCANCE DE LA REFORMA
La reforma al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, cuya sanción definitiva depende de la Cámara de Diputados, empodera a las provincias para definir qué cuerpos de agua pueden ser resguardados y cuáles no.
La iniciativa del oficialismo, que de prosperar degradaría la Ley de Glaciares, delega en las jurisdicciones que tienen glaciares en sus territorios la posibilidad de priorizar las actividades productivas en estas áreas de donde nacen buena parte de los ríos del país.
El proyecto también debilitaría el inventario contemplado en la Ley de Glaciares, al asumir que deben ser incluidas solo masas de hielo que «cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Diversos expertos y organizaciones ambientales consideran ilegal e inconstitucional la medida, por habilitar la desprotección de áreas y vulnerar la Constitución, que en su artículo 41 estipula presupuestos mínimos de cuidado a nivel nacional que no pueden ser reducidos por las provincias.
La medida también ha generado controversias y movilizaciones de protesta en provincias como Mendoza (centro-oeste), ubicada al pie de la cordillera de los Andes.
El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ha sido denunciado ante el Parlamento europeo por cinco instituciones ambientales, al advertir que la iniciativa podría ser incompatible con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, convenio ratificado a nivel parlamentario el jueves primero por Uruguay y luego por Argentina, dos de los países que integran el bloque regional junto con Bolivia, Brasil y Paraguay.
El Gobierno argentino, en tanto, defendió esta reforma, bajo la consideración de que la Ley de Glaciares genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones», según señaló en diciembre el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom.
Doce de las 24 jurisdicciones de Argentina tienen glaciares en su territorio.
En el país existen 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie se extiende por 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces la ciudad de Buenos Aires, según el Inventario Nacional de Glaciares estipulado por la ley que relevó en 2018 el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.
El oficialismo mejoró su posición parlamentaria desde el 10 de diciembre, luego de que las elecciones legislativas del 26 de octubre consolidaran al oficialismo como primera minoría en Diputados y la segunda fuerza en el Senado. (Sputnik)
