El máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara de Casación Penal, ratificó una serie de condenas contra exmilitares por crímenes de lesa humanidad en centros clandestinos de exterminio y confirmó sentencias de prisión perpetua en torno a los llamados «vuelos de la muerte», en vísperas del 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
«Casación condenó a represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en campos de exterminio y confirmó prisiones perpetuas por los vuelos de la muerte», informaron este viernes fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.
El tribunal ratificó, por un lado, condenas por delitos cometidos en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado.
Y avanzó en el mismo sentido respecto de la guarnición militar Campo de Mayo, donde funcionaron cuatro campos de exterminio ligados al plan sistemático de desaparición de personas.
El tribunal reconoció el carácter de exterminio de esos centros clandestinos y confirmó, respecto a la Esma, las condenas contra el exmédico de la Armada Jorge Luis Magnacco y contra Víctor Roberto Olivera, y las prisiones perpetuas impuestas a los pilotos Ángel Delsis Malacalza y Eduardo José María Lance.
El aparato represivo del terrorismo de Estado argentino ocultó las atrocidades cometidas a través de una práctica que consistía en obligar a los prisioneros, en estado de se semiinconsciencia, a abordar aviones militares desde los que luego eran arrojados al vacío.
Los respectivos fallos judiciales constataron «una genealogía histórica de los dispositivos estatales de necropolítica masiva y sistemática», lo que «patentiza el objetivo central que tuvo, la deshumanización y despersonalización sistemática de los sujetos detenidos, reducidos a meros objetos de control y sufrimiento».
A medio siglo del golpe de Estado, 1.231 personas fueron condenadas en todo el país por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias dictadas desde 2006, cuando -con la llegada al poder de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015)-, se instauró una nueva política de Estado que reivindicó la «memoria, verdad y justicia» y se derogaron las leyes de la impunidad, lo que permitió retomar las causas judiciales contra los represores de la dictadura.
En la actualidad, hay 12 juicios en trámite en todo el territorio y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados.
Más del 80 por ciento de las personas detenidas permanece en prisión domiciliaria.
El llamado «pacto de silencio» entre los militares impide todavía saber qué sucedió con la mayoría de los cerca de 30.000 detenidos desaparecidos de la dictadura, que además se apropió de unos 500 niños, que fueron sustraídos de sus familias y crecieron con identidades falsas. (Sputnik)
